La apretada victoria de Peruanos Por el Kambio (PPK) en la segunda vuelta presidencial, admite múltiples lecturas. De todas, la más importante –a nuestro entender– radica en la elección de la opción que representaba la vigencia y continuidad del sistema democrático, frente a un proyecto político-familiar que no pudo desmarcarse de sus antecedentes autoritarios y corruptos, como fue el fujimorismo.

En lo que respecta a las perspectivas laborales y de empleo del próximo periodo, el gobierno de PPK deberá encarar no solo los mismos retos que enfrentaron sus antecesores (como es reducir los persistentes niveles de informalidad y precariedad laboral, extendiendo la seguridad y protección social al mayor número de peruanos), sino que deberá hacerlo en un contexto de desaceleración económica global, con presiones redistributivas internas y exigencias de reformas normativas y administrativas planteadas por nuestras contrapartes comerciales, en el marco de los acuerdos de libre comercio firmados por el Estado peruano.

En este escenario, PPK deberá bregar por reactivar el crecimiento económico y al mismo tiempo, atender oportunamente las demandas sociales que están en la base de la gobernalidad social y política del país. En este complejo equilibrio cobran especial relevancia los compromisos asumidos al calor de la campaña con organizaciones y movimientos sociales, los mismos que deberán ser honrados –en principio– para devolverle decencia y credibilidad a la actividad política local. Pero también porque forman parte de una agenda social postergada irresponsablemente por los últimos gobiernos y por la que ha votado un sector importante del electorado peruano (representado principalmente en el Frente Amplio, pero no solo).

En lo que respecta a la política laboral, PPK ofreció en su plan de Gobierno:

Aumentar el salario mínimo vital. El anuncio de incrementarlo a 850 soles quedó desfasado con el último aumento otorgado por la administración saliente. Voceros de PPK han señalado que esta cifra se revisará una vez que asuman el gobierno. Sería oportuno que lo hagan a la luz de los criterios técnicos acordados en el marco del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), en la línea de institucionalizar una fórmula de ajuste automático que permita actualizarlo periódicamente, independientemente de la coyuntura y discrecionalidad política del gobierno de turno.

Implementar un Seguro de Desempleo. Este punto ha sido retomado por el responsable del Plan de Gobierno y voceado ministro de Economía, Alfredo Thorne, quien señaló en repetidas oportunidades que este seguro será para los nuevos trabajadores, y que no reemplazará a la compensación por tiempos de servicios (CTS), como dejó entrever la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Pese a las aclaraciones, y de la revisión del plan de gobierno de PPK no queda del todo claro las características de este seguro ¿cómo se financiará este? ¿Cuál será su cobertura y duración? ¿A cuánto ascenderá? Preocupa que el aporte del empleador a este seguro sea sustancialmente menor que el abono realizado para la CTS. Es decir, si hay un aporte menor la consecuencia será un beneficio menor para los nuevos trabajadores, y eso se deduce del plan de gobierno de PPK. En particular, el plan propone un máximo de 6 meses con un monto menor a la remuneración permanente. Corresponde estar atento a que no se pretenda implementar un seguro que sea regresivo respecto del actual beneficio de la CTS, con el argumento que solamente será para los nuevos trabajadores (jóvenes en su mayoría).

Reducir la informalidad laboral a 50% de la PEA. Sin duda este será uno de los ofrecimientos más difíciles de cumplir. No solo porque la muldimensionalidad del problema exige intervenciones y políticas integrales, cuya implementación supone un alto costo político y económico que no sabemos si el próximo gobierno estará dispuesto a asumir, sino porque la informalidad es en sí misma un let motiv para justificar o promover reformas laborales flexibilizadoras que precarizan el empleo, enfoque que ha sido dominante en los últimos gobiernos. Sin embargo, si nos guiamos por lo expuesto por el jefe de Plan de Gobierno, para PPK la informalidad se debería “a los altos costos de entrada, a los pocos beneficios públicos y a los sesgos de la política económica”, que se traducen en que “la complejidad tributaria, las altas tasas impositivas y la mala calidad de los servicios públicos resultan un gran impedimento para la formalización”. En ese sentido, la solución que plantearían desde PPK se centraría en lo tributario, donde proponen –básicamente– la reducción de la tasa del IGV (en un punto porcentual por año hasta llevarla al 15% en el 2019) y una amnistía tributaria en la que las empresas que facturen hasta 2.300 UIT paguen 10% de impuesto a las utilidades los primeros diez años. Es importante tener en cuenta que la propuesta de formalización que implemente el gobierno de PPK no deberá ser a costa de una mayor precariedad laboral. Categorías como las de “formalización precarizante”, resultan más pertinentes que nunca para estar atentos a propuestas de formalización que puedan contener o mantener trabajo precario.

Reforma de pensiones. Al respecto, el Plan de Gobierno de PPK plantea “mejorar progresivamente las pensiones de jubilación de los beneficiarios de los Decretos Ley 19990 y 20530” y extender la política de pensión mínima utilizada por la Oficina de Normalización Previsional al sistema privado de pensiones. Estas propuestas, en un contexto de importantes cuestionamientos al desempeño del Sistema Privado de Pensiones, requieren fortalecer el sistema público de pensiones, en vez de debilitarlo. Y empezar a sentar los cimientos para un sistema de pensiones con financiamiento colectivo y gestión eficiente que permita generar mejores pensiones contributivas. El reconocimiento de una base de pensiones no contributivas es fundamental, pero no se debe descuidar el complemento necesario que constituyen las pensiones contributivas.

Pero además, PPK asumió una serie de compromisos con gremios sindicales, los cuales giraron principalmente alrededor del ejercicio de los derechos colectivos sindicales.

• El 11 de mayo firmó con la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (FNTCC), la “Declaración por el crecimiento, la seguridad y los derechos laborales en el sector de la construcción”, donde se comprometió a promover la reactivación económica, el respeto a los derechos laborales y la lucha contra las mafias en el sector construcción. El documento –suscrito también por dirigentes sindicales y empresarios del sector– es la continuidad de uno de los procesos de diálogo social más importantes en el medio de los últimos años.
• El 17 de mayo firmó con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) un compromiso en el que acordaba respetar la autonomía sindical y de los derechos a la negociación colectiva y la huelga, especialmente en los regímenes laborales especiales. Asimismo, este compromiso público incluía la adecuación de la legislación del sector público a las observaciones hechas por el Tribunal Constitucional a la Ley Servir y la aprobación de una Ley General del Trabajo, el gran pendiente de la transición democrática.
• Con el Sindicato Unitario de Trabajadores del Agua Potable (SUTESAL) se comprometió a no privatizar la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) y a promover una participación activa de los trabajadores en la gestión administrativa de la empresa.

Finalmente, no podemos dejar de señalar algunos anuncios hechos en la campaña de la segunda vuelta.

Por ejemplo, el 1° de mayo PPK publicó un comunicado conmemorativo por el Día del Trabajo (“Por un país con Empleo y Derechos Laborales para Todos”). De los ocho puntos que conforman el pronunciamiento, y más allá de la demagogia electoral característica en nuestro país (“la creación de 3 millones de nuevos puestos de trabajo formales con todos sus derechos”), algunos de los ofrecimientos hechos bien podrían ser recogidos por candidaturas progresistas o de izquierda. Es el caso “del incremento progresivo de la remuneración mínima vital, mejorando la productividad nacional” y el “fortalecimiento del CNT con la participación de los sindicatos y la pequeña empresa como palanca de diálogo y consenso para la mejora laboral del Perú”, por ejemplo.

Otros ofrecimientos, siendo necesarios e importantes (“el gobierno garantizará el incremento salarial del sector público, los maestros, personal de salud, policías y militares, a lo largo de los próximos 5 años”), serán más difíciles de concretar considerando la orientación que ha venido adoptando la política económica y fiscal en los últimos años, pero también las medidas “reactivadoras” que piensan implementar (basadas en una reducción del IGV y del impuesto a la renta para las grandes empresas). En este comunicado se habla también “de mejorar las pensiones de jubilación de los beneficiarios de (la leyes) 19990 y 20530”, un aspecto con el que existe consenso con otras fuerzas políticas en el Congreso; por lo menos en la necesidad de modificar el actual stato quo, perjudicial para el conjunto de los actuales y futuros aportantes.

En TrabajoDigno.pe saludamos las iniciativas planteadas por PPK y que están referidas, en lo principal, al incremento progresivo e institucional de la remuneración mínima, la reforma del sistema de pensiones, el fortalecimiento del diálogo social y el respeto de la autonomía sindical. Creemos, sin embargo, que valen más las acciones que las buenas intenciones. Por eso estaremos atentos al desarrollo de la política laboral y el cumplimiento de los ofrecimientos y acuerdos logrados durante la campaña. PPK tiene la oportunidad histórica de convertirse en un estadista a la altura de los grandes retos que enfrentamos los peruanos. Esperamos que no la desaproveche, como se ha hecho costumbre, lamentablemente, en nuestro país.