Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno. 26 de junio 2016)
¿Qué causas explican la alta tasa de informalidad laboral que existe en el país? Entre las principales está la precariedad económica (baja productividad y escasa acumulación) de las empresas; especialmente de las micro y pequeñas, que representan el 75% de las unidades productivas y donde el 80%+ de trabajadores está al margen de la legalidad.
Otra razón importante radica en la incapacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas laborales. Muestra del desinterés de las autoridades por fortalecer el sistema inspectivo. A pesar de haber constituido la Superintendencia Nacional de Fiscalización (Sunafil) el 2014, el actual gobierno no mostró voluntad política para empoderarla y financiarla. Todo lo cual redunda en su pobre performance e impacto.
Esta situación crítica se condice con las denuncias presentadas por sus dos sindicatos. A la carencia de personal (actualmente se cuenta con 105 inspectores de trabajo siendo lo necesario 2,080 a nivel nacional), se suma el insuficiente financiamiento (el 2015 el presupuesto asignado ascendió a S/. 88 millones, cuando se requieren 250) y los obstáculos que extrañamente pone el propio MTPE (al negarle acceso a la planilla electrónica).
En este contexto, la Sunafil es acogotada desde diversos frentes, sin que se personalicen responsabilidades. Hace poco, en una entrevista en RPP, un atribulado Superintendente nacional fue objeto de severos reproches por parte de un panel al que se le hizo “difícil” identificar al MEF como la madre del cordero. Como si el bajo presupuesto recibido no fuera la causa principal de sus limitaciones operativas (Entrevista a Carlos Benites, 13/05/16).
¿Qué perspectivas se tiene para el próximo periodo? El Plan de Gobierno de PPK, por lo pronto, no contempla ninguna referencia al sistema inspectivo. El enfoque propuesto para enfrentar la informalidad laboral se centra en lo tributario y administrativo; en la reducción de impuestos (entendidos como costos) y de la tramitología (como tiempo perdido). Lo cual no está mal. Pero no toma en cuenta la importancia de la supervisión estatal para garantizar el respeto de los derechos laborales; más en una sociedad poco afecta al cumplimiento de la ley.
Quienes sí enfatizaron en la necesidad de fortalecer las inspecciones –además del Frente Amplio– fueron los fujimoristas.
Fuerza Popular postuló en su programa de gobierno “promover el proceso de implementación de la Sunafil a nivel nacional, incluyendo su función de supervisión de las Direcciones Regionales” (Cuarto bloque, pág. 3). Los 73 congresistas que conforman la “megabancada” fujimorista tienen la oportunidad de demostrar consecuencia con sus propuestas electorales. Para comenzar, en la formulación del Presupuesto General de la República 2017, aprobando una asignación suficiente para el buen funcionamiento del sistema inspectivo. No hay excusa. Cuentan con los votos.
