El Gobierno acaba de aprobar –mediante Resolución Directoral N° 060–2020–TR– la conformación de un Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, para la formulación de una “Política Nacional de Empleo Decente” (PNED). Esta decisión bien merecería ser saludada, considerando la precaria situación del empleo en nuestro país y la necesidad de políticas públicas específicas para superarla; sin embargo, tal como está planteada, llama la atención por los siguientes motivos:
Ya el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), durante la gestión del ex ministro Christian Sánchez Reyes, trabajó una propuesta de Política Nacional de Promoción del Empleo (PNPE) al amparo de lo estipulado en la Guía del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Este esfuerzo, a cargo de la Dirección General de Promoción del Empleo, fue discutido y enriquecido con los aportes de los sectores involucrados en esta problemática: comenzando por las direcciones generales y regionales de trabajo y promoción del empleo, en tanto entes operativos del sector, así como por otras instancias del Ejecutivo, la academia y, sobre todo, por los actores sociales involucrados (gremios empresariales y laborales), en sendos talleres organizados con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aproximadamente un año de trabajo y discusiones internas –entre el 2017 y 2018– que concluyeron con la redacción de un documento que debería ser la base de cualquier política que se apruebe al respecto. Este documento fue presentado en su momento a la Ministra en funciones, Sylvia Cáceres Pizarro, pero al parecer ha decidido desconocer este importante esfuerzo y, cual “complejo de Adán”, ha optado por comenzar de cero un nuevo proceso (¡viva la institucionalidad pública!).
Pero, además, la resolución ministerial aprobada plantea que el grupo de trabajo encargado de elaborar esta PNED esté compuesto por siete ministerios (Trabajo, Producción, Economía y Finanzas, Agricultura y Riego, Mujer y Población Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, Comercio Exterior y Turismo y Educación), dentro del cual el MTPE cumpliría tan solo el rol de “secretaría técnica”. ¿Por qué una política que debe ser sectorial y estar a cargo del MTPE, es asignada a un conjunto de ministerios donde el MEF ocupará un rol central y hará de “supervisor” del contenido de la PNED, imponiendo su posición sobre el conjunto del documento? Un ejemplo reciente es, precisamente, la PNCP. Cuando esta era discutida en el Ejecutivo, el MTPE (durante la gestión de Sánchez Reyes) cuestionó y tomó distancia del pilar quinto de la política, por no encontrarle fundamento a los supuestos en los que se basaba. No obstante ello, primó la posición del MEF, siendo la PNCP aprobada finalmente con la venia de la actual ministra de Trabajo.
¿Por qué se da esta situación? Al parecer, la idea es contar con una política nacional que se alinee con la “Política Nacional de Competitividad y Productividad” (PNCP), fuertemente cuestionada por las centrales sindicales y diversos especialistas. Es decir, que haga suyo los supuestos del diagnóstico de dicha PNCP, que plantean que el derecho a la reposición laboral en caso de despidos nulos o fraudulentos, serían el factor que explica el predominio de los contratos temporales (3 de cada 4 empleos formales). Hipótesis que no encuentra asidero en la realidad laboral y que ha sido desvirtuada por especialistas laboralistas.
En la práctica, la PNCP –y ahora la PNED promovida por el MEF– buscarían abonar el terreno para una reforma laboral que elimine la garantía de estabilidad laboral que les queda a los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de dirigentes o trabajadores sindicalizados afectados por un despido nulo que afecta sus derechos fundamentales vinculados con la libertad sindical.
Seamos claros: es importante que el Estado peruano cuente con una PNED, sin duda. Pero esta debe marcar la diferencia con lo que ha sido la política laboral en los últimos treinta años: regímenes laborales “especiales” que recortan derechos laborales; los intentos por establecer una remuneración mínima vital “diferenciada”; la reducción de “costos laborales”, etc. Enfoque que ha fracasado en el objetivo de mejorar las condiciones de empleo en el país, como se observa en los índices de trabajo digno o decente registrados en nuestro país.
Más aún: tan importante como una PNED es la aprobación de una Ley General de Trabajo que ordene y equilibre el disperso marco regulatorio, procurando que este establezca las condiciones requeridas para un adecuado ejercicio de los derechos laborales, individuales y colectivos. Y que, además, el sector trabajo y promoción del empleo (que incluye al MTPE, las direcciones regionales y la SUNAFIL) mejore sus niveles de ejecución y deje de ser “la cenicienta” en la distribución del Presupuesto General de la República (recibe menos del 2%).
Genuinas y legítimas aspiraciones de los trabajadores que deberán esperar, al parecer, mejores tiempos políticos para concretarse. Lamentablemente.
