(Foto: ITUC)
Nuestro Perú es, qué duda cabe, un país de contrastes. Los ejemplos sobran. Podemos señalar, por mencionar algunos, los importantes avances en la lucha contra la corrupción (tenemos cuatro expresidentes procesados por la justicia); o el haber organizado, con nota aprobatoria, unos Juegos Panamericanos (Lima 2019) de reconocimiento internacional. O el acelerado y exitoso despegue de la industria gastronómica, entre los más celebrados. Pero también sobrellevamos problemas (y muchos) que nos describen como sociedad: las altas tasas de violencia de género y feminicidio registrados; la severa desigualdad económica y social, y las profundas brechas que genera; o la extendida precariedad en el trabajo y el empleo de los peruanos, son algunos de los más persistentes.
Sobre este último ejemplo, el Perú está entre los países donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos y laborales. De acuerdo al Índice Global de los Derechos de la CSI 2018. Los peores países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras, publicado y difundido por la Confederación Sindical Internacional (CSI), el Perú se mantiene como uno de los países donde se violan regularmente los derechos de los trabajadores, sin que haya visos de mejora respecto de las evaluaciones de ediciones anteriores.
Los criterios analizados por la CSI están relacionados con el ejercicio y desarrollo de las (1) libertades civiles; (2) el derecho a establecer o afiliarse a sindicatos; (3) la normal realización de actividades sindicales; (4) el derecho de negociación colectiva, y (5) el derecho de huelga. En términos generales, América Latina es el segundo continente –después de Europa– con la menor puntuación en la escala de violaciones a los derechos laborales. Y Perú comparte posición en la escala 4, referida a países con violaciones sistemáticas, junto con Argentina, Bolivia, Brasil, Estados Unidos y Paraguay.
El análisis de cada una de estas variables ha permitido concluir, a nivel global, la constatación de mayores “restricciones a la libertad de expresión, así como protestas y ataques cada vez más violentos contra los defensores de los derechos de los trabajadores/as. El trabajo decente y los derechos democráticos fueron debilitados en prácticamente todos los países, mientras que la desigualdad continuó en aumento”. En este contexto global, el Perú no es la excepción.
Recientes informes publicados en Perú dan cuenta de cómo inversiones extranjeras importantes –como son un grupo de empresas chinas, españolas y chilenas– vulneran los derechos humanos de sus respectivos grupos de interés. En el caso de los derechos laborales, estos informes presentan evidencia sobre cómo el ejercicio de la libertad sindical se ve restringido por prácticas de hostigamiento a los dirigentes sindicales, discriminación a los trabajadores afiliados y limitaciones a la negociación colectiva y al derecho a la huelga.
Es importante tomar nota de estos casos, en el actual contexto en el que se discute la aprobación de un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos.
De acuerdo al lineamiento N ° 5 del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018–2021, el Estado peruano asumió el compromiso de aprobar un PAN que contribuyera a alinear las políticas nacionales y sectoriales a los estándares y obligaciones asumidas en el marco del Sistema Universal de los Derechos Humanos, de acuerdo a lo establecido en los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar, de Naciones Unidas (conocidos como “Principios Ruggie”). Este proceso es liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) en representación del Ejecutivo, pero cuyo carácter participativo –una de las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos, en su informe sobre el caso peruano– debe incorporar la posición y aportes de los sectores afectados por la actuación de las empresas (trabajadores, pueblos indígenas, comunidades, etc.).
Sin duda el respeto y protección de los derechos laborales y sindicales debe constituir una de las prioridades a incorporar en el nuevo Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos.
