Ciertamente, no es un tema de debate electoral ni mucho menos se han lanzado propuestas y diagnósticos al respecto (ha sido reemplazado por una guerrilla de acusaciones y zancadillas legalistas ajenas a la polémica programática). Poco importa que la desigualdad forme parte de las grandes fracturas sociales que enfrenta nuestra sociedad, junto con el racismo y el machismo. Bien harían los candidatos (o sus equipos de planes de gobierno) en revisar este documento publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), titulado Los mercados de trabajo, sus instituciones y la desigualdad. Cómo construir sociedades más justas en el siglo XXI, donde encontrarán una mirada regional a las políticas públicas de empleo y sus impactos en la equidad económica.

Partiendo del reconocimiento de que la desigualdad es un problema global que incide sobre la cohesión social y legitimidad democrática, este informe sostiene que “para reducir la desigualdad, los países deben fortalecer sus instituciones del mercado laboral, definidas en términos amplios, para incluir a las instituciones más comunes que regulan el lugar de trabajo –negociación colectiva, salario mínimo, tipos de contrato de trabajo y reglamentación de la jornada laboral– y a las instituciones que permiten redistribuir los ingresos –como las pensiones, las prestaciones por desempleo, el apoyo a los ingresos para los pobres y los servicios sociales públicos–. Debido a que el trabajo es la principal fuente de ingresos para los hogares activos, el libro considera en su análisis también las políticas de pleno empleo”.

Un comentario sobre el documento, hecho por la autora, Jeanny Berg, especialista OIT.