La crisis de la pandemia ha puesto nuevamente al empleo en el centro de la discusión política. No es para menos: mientras la gran mayoría de peruanos y peruanas (impedidos de salir de sus casas para trabajar), se debate entre el contagio y el hambre, la CONFIEP presiona al Gobierno para “liberalizar” el despido colectivo y las suspensiones sin goce de haber, como “estrategias” para enfrentar la paralización económica. Un drama mayúsculo que afecta la continuidad de los empleos, especialmente, de los 4.7 millones de trabajadores asalariados privados ocupados en las micro y pequeñas empresas, de las casi 400 mil trabajadoras del hogar y de los más de 6 millones de autoempleados que viven de sus ingresos diarios, condenados a ser los primeros en engrosar las cifras de desempleo y subempleo, cuando no de coronavirus.

En este contexto, cabe preguntarse si son suficientes las medidas adoptadas por el Gobierno peruano para contener la propagación del virus, todavía en tendencia ascendente a pesar de la reclusión obligatoria, y al mismo tiempo evitar que la economía desfallezca.

El éxito de la cuarentena (achatar la curva de contagios a través de aislamiento social) exigía la entrega de subsidios económicos directos a los sectores más vulnerables. Para ello el Gobierno dispuso la entrega de S/ 380, hasta en dos oportunidades, para la población pobre y los independientes de menores recursos; el retiro de hasta S/ 2,000, por una única vez, de los trabajadores que no cotizan hace 6 meses como mínimo a las AFPs; la entrega de canastas de víveres, a través de las municipalidades distritales, para las familias pobres inscritas en el SISFOH, como las principales medidas.

Para nadie es novedad que el Estado peruano es estructuralmente débil, y las condiciones operativas de sus diversos estamentos a todas luces ineficientes. Con esta realidad a cuestas, las acciones adoptadas desde el Ejecutivo –de manera particular, el subsidio a la población económicamente vulnerable– son las correctas, aunque insuficientes. No solo para abarcar al conjunto de ciudadanos que de un momento a otro cayó en situación de vulnerabilidad económica, al perder sus empleos e ingresos. Sobre todo, por la gran diferencia que media entre los recursos destinados a financiar al sector financiero y los montos asignados para la subvención económica directa a los afectados por el desempleo y la falta de ingresos; una diferencia significativa que bien haría el Gobierno en explicarla.

La otra meta urgente era garantizar la continuidad de los casi 4 millones de empleos formales existentes en el sector privado. Estos se han visto amenazados desde el inicio de la cuarentena por los intentos unilaterales de algunas empresas por dejarlos “en suspenso”.

Para enfrentar esta situación, el gobierno dispuso que el sistema financiero recibiera S/ 30,000 millones, garantizados por el Tesoro Público, para ayudar vía créditos a las empresas a mantener la cadena de pagos. Asimismo, estableció que el mecanismo laboral a aplicar mientras duraba la cuarentena fuera la “suspensión imperfecta de labores” (licencia con goce de haber compensable) para las actividades consideradas no esenciales y donde no fuese viable el trabajo remoto o el teletrabajo. Del mismo modo, aprobó un subsidio del 35% de la planilla laboral para las empresas con trabajadores con remuneraciones menores a los S/ 1,500, con la condición que mantuvieran sus ingresos.

Sin embargo, una carta pública de la CONFIEP, dirigida a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, fue entendida como una exigencia al Gobierno para que autorice los despidos colectivos unilaterales y las suspensiones perfectas de labores (licencias sin goce de haber), entre otras medidas contrarias a los intereses de los trabajadores, prendiendo nuevamente las señales de alerta.

Estas propuestas han generado severas críticas. Comenzando por las centrales sindicales, que ya habían adelantado su preocupación y oposición a toda medida que vaya en esa dirección. En la última reunión del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), realizada de manera virtual el pasado viernes 3 de abril, demandaron al Ejecutivo que cumpla con su deber constitucional de proteger al empleo, luego de que la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, incluyera la aplicación de la suspensión perfecta de labores como una de sus principales propuestas.

A pesar de estos cuestionamientos, la Ministra de Trabajo dejó entrever en algunos medios que la aplicación de la suspensión perfecta de labores no era la primera opción del Gobierno, aunque “había que evaluarla para ciertos casos”; y que, a diferencia de lo que pedía la CONFIEP, en caso de aplicarse, el MTPE mantenía la prerrogativa de fiscalizar y autorizar el uso correcto y legal de esta modalidad.

Sin embargo, este último viernes se filtró un borrador de decreto de urgencia –salido de las oficinas del MTPE o del MEF– que aprobaría la suspensión perfecta de labores decretando la fiscalización a posteriori de la Autoridad de Trabajo, una vez consumada la desvinculación temporal sin goce de haber y, por tanto, la pérdida de ingresos para el trabajador.

Los riesgos de que sea adoptado como propio por la ministra Cáceres, no son pocos. Recordemos que participó como “asesora técnica” en la propuesta del Consejo de Competitividad impulsado por IPAE, avalando posiciones retrogradas como la anulación del derecho a la reposición en los casos de despido nulo e injustificado.

Nuestras propuestas

Situaciones disruptivas como las que atravesamos actualmente han dado lugar a cambios estructurales en la forma cómo se han organizado la economía y la sociedad en diversos momentos de la historia. La crisis del Crack de 1929, por poner un ejemplo conocido, significó el paso del sistema laissez faire –hegemónico a nivel global– hacia un modelo económico keynesiano –adoptado por los Estados Unidos y la mayoría de países de Europa– basado en la adopción de un nuevo pacto social que dio lugar al Estado de bienestar y una mejor regulación y distribución de la riqueza.

Lo que está sucediendo estos meses puede desencadenar transformaciones a nivel del orden mundial, orientadas hacia una nueva gobernanza global, que tome en cuenta el cambio climático y la insostenibilidad del actual modelo de crecimiento consumista, generador de una abrumadora desigualdad económica y social que afecta principalmente a las clases medias y pobres del mundo.

En nuestro país, la crisis del coronavirus puede significar una oportunidad para debatir –de manera seria y profunda– la implementación de reformas estructurales del modelo económico, de relaciones laborales y del sistema de seguridad social, a fin de avanzar hacia un sistema integral de cobertura universal de la salud, generador de ingresos sustitutorios (pensiones y subsidios). Urge, además, una reforma radical del transporte urbano. Incorporar una flota de 5,000 vehículos a cargo de una empresa pública; persistir en el sistema de combis, colectivos y hacinamiento en el transporte, es condenar a la población a un contagio seguro.

En lo más inmediato, es necesario que se consideren otras maneras de enfrentar la paralización económica, alternativas a las propuestas por la CONFIEP y a las del propio Gobierno. Estas deben estar orientadas a garantizar la capacidad de consumo de la población mientras se reactiva la actividad económica:

• Subsidio estatal del 50% del costo de la planilla, en principio, para micro, pequeñas y medianas empresas formales (MIPYMEs hasta 100 trabajadores) que no estén operando. A cambio las empresas no deben despedir, dar vacaciones, ni afectar las remuneraciones de sus trabajadores.
• Acceso rápido a créditos baratos (con 10% de interés máximo) para las empresas, priorizando a las MIPYMEs que no estén en actividad. Para ello se requiere una garantía estatal e inyección de liquidez barata al sistema financiero. Una opción que cae de madura es la implementación de un programa de compras estatales a MIPYMEs que asegure la elaboración de 30 millones de tapabocas para ser distribuidos gratuitamente (la distribución de un bien público).
• Postergación de los plazos para el pago de los impuestos sin cobro de interés alguno.
• Trabajo remoto o licencia con goce de haber compensable en su defecto. Una vez superado el período de emergencia debería retornarse a la aplicación de la regulación de teletrabajo, debido a que el trabajo remoto traslada muchas de las decisiones que deberían ser por acuerdo de partes a la decisión unilateral del empleador.
• Postergación por 4 meses del pago de créditos hipotecarios, vehiculares, consumo o MYPE sin costo alguno, para aquellos que lo requieran. Lo no pagado se deberá prorratear en la deuda restante.
• Postergación del pago de servicios públicos (agua, electricidad, gas, telecomunicaciones) por 3 meses para hogares vulnerables sin costo alguno.
• Bono mensual de S/ 1,000, en principio, para todas las personas que no tengan un empleo formal, no sean dueñas de empresas ni sean independientes con ingresos mensuales superiores a S/ 1,500.
• Aceleración de la inversión pública.
• Suspender el cobro de la comisión por administración de fondo (comisión sobre saldo) que siguen cobrando las AFP a más de 5,6 millones de afiliados, muchos de los cuales no están trabajando ni recibiendo remuneraciones.
• Para financiar este tipo de medidas se va a requerir un impuesto extraordinario a los patrimonios grandes y eliminar exoneraciones tributarias, con el fin de evitar un excesivo endeudamiento externo y la afectación de las finanzas públicas.

Desde esta tribuna instamos al Gobierno a tomar en consideración las medidas que propongan las centrales sindicales (así como las presentadas por otras organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales), que permitan respuestas rápidas a la paralización económica, tomando en cuenta la realidad y necesidad de la gente.

La convocatoria a una próxima sesión del CNTPE, este miércoles 15, es una buena oportunidad para discutir las opciones en mesa.