La escena nos evoca un déjà vu. Un Ministro de Trabajo convocando a especialistas laboralistas para evaluar políticas públicas de trabajo y empleo. Sesiones de presentación, informes entregados, acuerdos pendientes, problemas sin resolver. Sin ir muy lejos, el anterior gobierno presidido por Ollanta Humala, congregó a ex ministros y viceministros para que revisaran el anteproyecto de Ley General de Trabajo consensuado en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), planteando observaciones y mejoras que nadie –ni en el Congreso ni el Ejecutivo– aplicaron o hicieron suyas.

Esta vez el nuevo gobierno vuelve a convocar –a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)– a un conjunto de especialistas para que formen una Comisión Consultiva de Trabajo encargada de revisar “las principales reformas laborales que se implementarían con el propósito de generar empleo digno en el país”, según informa en comunicado institucional. Como ha señalado el titular del sector Trabajo, Alfonso Grados Carraro, “las propuestas a las que llegue este grupo de especialistas serán puestas a consideración del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), donde se espera que los actores tomen decisiones respecto de estas”.

Pero, ¿qué hay de nuevo en esta medida? En TrabajoDigno.pe consideramos importante destacar algunos aspectos claves, que al mismo tiempo que posibilidad pueden ser fuente de dispersión o irrelevancia.

Por un lado, la metodología y temas a los que se abocarán las personalidades convocadas. Durante su presentación, el Ministro listó seis ejes estratégicos: a) formalización de la fuerza laboral; b) inserción juvenil al mercado de trabajo; c) diálogo social en materia laboral; d) empleabilidad y protección de grupos vulnerables; e) programas promotores y f) modernización de la gestión. Todos ellos importantes, sin duda. Pero, ¿son todos los que tienen que estar? ¿Cuál será la prioridad y con qué recursos se cuenta? Los especialistas convocados, ¿están de acuerdo con estos ejes?

Por otro lado, la conformación de este grupo de trabajo expresa también una orientación ideológica-programática definida. Si bien la composición alberga diversas corrientes de pensamiento, en TrabajoDigno.pe consideramos que existe un claro predominio de los defensores del statu quo laboral o peor aún, de su mayor flexibilización.

Así, mientras que por un lado la Comisión cuenta -en menor o mayor medida- con ex-ministros de gobiernos pro-mercado y pro-flexibilización laboral (como son Fernando Villarán, Jorge Villasante y Nancy Laos), conjuntamente con representantes de estudios de abogados que asesoran a grandes empresas (como Luis Vinatea Recoba, Franco Giuffra Monteverde, Beatriz Alva Hart y José Luis Ramírez Gastón Ballón) y tecnócratas especialistas en economía laboral con sesgo empresarial (como Gustavo Yamada Fukusaki y Miguel Jaramillo Baanante), al otro lado de la mesa la representación de los trabajadores reposa en los docentes universitarios Adolfo Ciudad Reynaud, Martín Carillo Calle y Alfredo Villavicencio Ríos (todos abogados). Ningún representante sindical, como ha hecho notar Carlos Mejía. Si acaso se logra establecer un equilibrio, este no será alrededor de una mejora progresiva de los derechos laborales. Probablemente sea para evitar un mayor deterioro de los mismos.

En tercer lugar –y a pesar de los antecedentes poco promisorios en términos de avances y medidas aplicadas–, esta Comisión tiene la oportunidad de abrir un debate sobre el carácter de la política laboral que debe implementar el actual gobierno para mejorar la calidad del empleo y evitar que este se precarice más. Con la presentación de sus recomendaciones y propuestas, esta Comisión debiera lograr (cuando menos) el mismo nivel de atención que tuvo la Comisión de Integridad que propuso un conjunto de medidas para enfrentar la corrupción en el Estado. Y los actores sociales y productivos, colaborar con su elaboración y aplicación.

Para contribuir al debate, TrabajoDigno.pe propone un conjunto de medidas –enriquecidas con el aporte de colegas y colaboradores– para que sean consideradas por el grupo de trabajo consultivo. El debate no se cierra con estas medidas. Todo lo contrario: pretende ampliarse y nutrirse de estas propuestas para alcanzar, mediante la discusión técnica e informada, las fórmulas y estrategias más convenientes para mejorar la calidad del empleo en el país.

Ingresos y salario mínimo

• Institucionalización vía ley del mecanismo técnico de revisión de la remuneración mínima aprobado en consenso por el CNTPE en el año 2007. La aplicación de esta fórmula, con indicadores consensuados, aliviaría en gran medida los debates sobre los aumentos del salario mínimo.
• Fomento de la negociación colectiva, que es el principal mecanismo que tienen los trabajadores para acceder a mayores remuneraciones que reflejen la mejora de la productividad en el sector empresarial privado.

Relaciones individuales de trabajo

• Regulación equilibrada de la contratación a plazo fijo. Se debe usar estrictamente para actividades temporales. Esto supone reducir la cantidad de modalidades de contratación temporal y su plazo máximo de duración.
• Derogación de los regímenes especiales de exportación no tradicional (D. Ley N° 22342) y agrario (Ley N° 27360), por sus limitaciones para generar empleo adecuado y su impacto en la precarización del empleo.
• Modificar el régimen laboral especial MYPE para que se aplique solo para empresas con menos de 20 trabajadores que decidan acogerse a él y estableciendo mayores beneficios laborales que los vigentes. Se debe acompañar con mecanismos concretos que fomenten la productividad empresarial (acceso a financiamiento, capacitación laboral, innovaciones tecnológicas, nuevos mercados, etc.) y medidas tributarias promocionales. Dicho régimen debe tener vigencia permanente y acogimiento temporal para las empresas (no más de 10 años). Y debe estar sujeto a un estricto monitoreo de sus resultados y una significativa fiscalización de las empresas.
• Derogar la reciente eliminación de la obligación de los empleadores de registrar los contratos a plazo fijo y los convenios de modalidades formativas laborales ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Relaciones colectivas de trabajo

• Fomentar la sindicalización reduciendo el requisito para formar sindicatos de empresa de 20 a 10 trabajadores en aquellas empresas que tengan menos de 20 trabajadores.
• Fortalecer el arbitraje potestativo. Ante falta de acuerdo, el nivel de negociación colectiva debe ser definido por esta vía.
• Agilizar y sistematizar el Sistema de Registro Sindical, especialmente en las regiones.
• Flexibilizar el criterio restrictivo para la declaración de la procedencia de las huelgas, con el fin de que los trabajadores puedan contar con este recurso legal para lograr equilibrar el poder de negociación con sus empleadores.

Fiscalización laboral

• Dotar de mayores recursos a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que le permitan implementar un incremento gradual de inspectores a nivel nacional en los próximos 5 años; contar con 26 intendencias regionales operando a plenitud a nivel nacional antes del 2021; explotar la planilla electrónica para fines inspectivos, aplicar fiscalización coordinada con la SUNAT, etc.
• Combatir la informalidad laboral en el sector privado formal, incluyendo en planilla como trabajadores dependientes a los 600 mil locadores de servicios que están registrados en la planilla electrónica en el sector privado, siempre que se encuentren en relación de dependencia en la práctica.

Poblaciones vulnerables

• Ratificar el Convenio N° 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo del hogar. La OIT da un plazo de un año para adecuar la normativa interna a los estándares del convenio una vez ratificado.
• Completar la agenda pendiente de lucha contra el trabajo forzoso y eliminación del trabajo infantil. También debe protegerse especialmente los casos de despido discriminatorios.
• Poner en conformidad a la legislación nacional con las observaciones de la Comisión de Expertos y aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, de todos los convenios ratificados por nuestro país.

Promoción del empleo

• Implementar un solo programa de capacitación laboral que absorba a Impulsa Perú y Jóvenes Productivos; ampliar significativamente su cobertura; ponerse metas más exigentes vinculadas a la inserción laboral formal de sus beneficiarios; y contar con un sistema de monitoreo y evaluación permanente.
• La Dirección General del Servicio Nacional de Empleo (sistema de colocaciones laborales y otros) debería ser absorbida por la Dirección General de Promoción del Empleo. No tiene sentido que existan dos Direcciones con similares funciones. Sus competencias se cruzan.
• Eliminar el Programa Perú Responsable. Nunca tuvo razón de ser. Implica un gasto innecesario de recursos públicos escasos.
• El programa de empleo temporal Trabaja Perú debe incluir un componente de capacitación laboral básica y rediseñarse con un enfoque de acción contracíclica (más recursos cuando se desacelera la economía y menos cuando crece).
• La Dirección General de Formación Profesional debe jugar un rol clave –en sintonía con la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU)– en la reducción de la inadecuación ocupacional que es causada por la escasa vinculación entre la oferta formativa y la demanda laboral.
• Crear una oficina de estudios económicos laborales que fusione la Dirección de Investigación Socio Económico Laboral y la Oficina de Estadística del MTPE. Hace varios años que el MTPE no hace investigación económica formal.

Sistema de Justicia Laboral

• Fortalecimiento del Sistema de Conciliación Administrativa para reducir los casos que llegan al Poder Judicial.
• Efectuar modificaciones a la nueva Ley Procesal de Trabajo, aprobada el 2010, para incluir mayor protección y tutela de los derechos fundamentales en el trabajo y restituir la capacidad procesal de los sindicatos para hacer reclamos colectivos jurídicos.

Seguridad social

• Aprobar una política y estrategia nacional de ampliación de la seguridad social. Ello debe conllevar a que el MTPE ejerza su rectoría en materia de seguridad social y a una reforma institucional que permita mejores niveles de coordinación y mayor eficiencia en la gestión.
• Sentar las bases para conformar un verdadero sistema de seguridad social, que considere las observaciones efectuadas por la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, en particular: financiamiento solidario, cobertura universal, protección integral y oportuna, y gestión democrática.

Y todo esto para comenzar. En TrabajoDigno.pe estaremos atentos a los resultados del trabajo de esta nueva Comisión.