(Foto: Andina)
¿Qué conocemos de la inmigración venezolana en el Perú? ¿Cuántos migrantes han ingresado estos últimos años? ¿Cuál es su impacto real en la economía del país? ¿Es cierto que les quitan el empleo a los peruanos? ¿Cómo están viviendo? ¿Cuáles son los escenarios que se perfilan en el corto y mediano plazo? ¿Qué hacer desde el Estado y la sociedad para facilitar una convivencia pacífica y provechosa entre peruanos y venezolanos?
Varias de estas interrogantes fueron abordadas en el Foro Internacional “La protección de los derechos de refugiados y migrantes venezolanos en Perú y Colombia en el marco internacional, interamericano y nacional”, organizado en Lima por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), el 7 de agosto último.
Este ha sido el evento más importante que se ha realizado sobre el “éxodo venezolano” en nuestro país. Por la naturaleza de las agencias organizadoras, el eje central de la discusión fue cómo garantizar la protección de los derechos humanos de los inmigrantes venezolanos en la región andina. A lo largo de la jornada se plantearon aproximaciones desde la academia, el Sistema de Naciones Unidas y el sector público, brindando algunos alcances sobre la realidad de los migrantes venezolanos en términos de acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida digna. Desde las instancias gubernamentales se presentó un recuento de las medidas adoptadas por los gobiernos para enfrentar este proceso repentino e imprevisto. Según ACNUR, son cuatro millones de venezolanos los que han migrado los dos últimos años. La mayoría asentados en Colombia, Ecuador y Perú.
La oportunidad y pertinencia de esta discusión caía de madura. Por un lado, la relevancia del fenómeno migratorio (más de 800,000 venezolanos arribados en los últimos dos años constituye un precedente histórico) ha dado lugar a especulaciones sobre su impacto en la economía local. Para un sector de la opinión pública local, los venezolanos estarían desplazando a los peruanos de los empleos (72% en una encuesta publicada por el IOP–PUCP), afectando en la situación económica (70% según la misma fuente). Percepciones como éstas estarían provocando reacciones xenofóbicas contra la población venezolana, hechos que luego son amplificados por los medios de comunicación sin un tratamiento adecuado y responsable.
Lo cierto es que el volumen importante de venezolanos que se integran al mercado laboral peruano puede constituirse en un factor de deterioro en la distribución del ingreso, al incrementar la masa laboral en una economía de bajo crecimiento y escasas oportunidades de empleo productivo. Algunos economistas consideran que la inmigración venezolana en Perú estaría produciendo el desplazamiento de mano de obra local en sectores intensivos en trabajo no calificado, como los servicios y comercio, incidiendo sobre los niveles de empleo, informalidad laboral y subempleo[1].
Si bien faltan aproximaciones en detalle por sector y por regiones, en términos generales, estas ponderaciones sobre el impacto de la inmigración en venezolana en la economía resultan bastante verosímiles. Sobre todo, considerando que este fenómeno se produce en un periodo de decrecimiento de la economía peruana, producto de nuestra excesiva dependencia de los mercados internacionales, lo que nos hace especialmente vulnerables –por ejemplo– a la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China –coincidentemente, nuestros principales mercados de exportación–. Así, en un contexto de caída del crecimiento del gigante asiático, nuestra tasa de crecimiento se ve duramente afectada: si durante el 2005 y 2010 –conocido como el periodo de la “bonanza económica”– el PBI aumentó en 6.48% promedio, en el quinquenio que va del 2014 al 2018 apenas lo hizo en 3.5%. Ante la falta de diversificación de nuestro aparato productivo, el deterioro de la balanza comercial peruana impactó negativamente en los niveles de producción de la industria local, cayendo el empleo en actividades no primarias, precisamente las que son intensivas en mano de obra (como la manufactura). Lo que no se dice es que esta tendencia se venía registrando con anterioridad al ingreso masivo de venezolanos al Perú, lo que nos ubica en otro nivel de discusión.
Así, en el marco de una economía con una demanda acotada y un escenario internacional incierto, sin visos de solución en el corto plazo, el incremento del número de personas buscando empleo nos posiciona ante un escenario complejo de creciente presión sobre los mercados de trabajo. Las interrogantes están en la magnitud del impacto. ¿Cómo ha respondido la economía y el mercado de trabajo peruano a este fenómeno repentino y masivo? ¿Es presumible un aumento de la informalidad y del desempleo por efecto de la inmigración venezolana? ¿O el sector informal es tan elástico que puede albergar una mayor masa laboral sin afectar sustancialmente los niveles de ingresos? Esta es una discusión que se venía dando “a ciegas”, en base a suposiciones y estimados generales que dificultaban analizar el proceso mismo de la inserción laboral venezolana en nuestro país.
Publicaciones recientes sobre la migración venezolana en Perú
La mayor muestra sobre venezolanos residentes en Perú la constituye un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), realizado entre el 26 de noviembre y 31 de diciembre del 2018, basado en una encuesta aplicada a 9,487 venezolanos y 3,611 viviendas en siete regiones: Arequipa, Cusco, Trujillo, Tumbes, Lima Metropolitana y Callao. Esta investigación permitió abordar un conjunto de variables relacionadas con sus condiciones de vida (aspectos demográficos, sociales, estatus migratorio, exposición a discriminación y violencia, características de la vivienda, acceso a servicios básicos y equipamiento del hogar); información que complementó la procesada por la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, a través de las matrices de seguimiento de desplazamiento de la inmigración venezolana en el territorio peruano.
La encuesta del INEI fue la primera en constatar algunos datos que luego fueron confirmados por otras muestras e investigaciones. Por ejemplo, dio cuenta del mayor número de inmigrantes venezolanos hombres (52,3%) que mujeres (47,7%); o el carácter eminentemente juvenil de la población inmigrante (42% se ubica entre 18 y 29 años, y un 30% entre los 30 y 44). Se pudo conocer también que más de la mitad de los encuestados (55,9%) mantiene una relación conyugal y que la mayoría de este grupo migró con sus respectivas parejas. O que poco más de un cuarto (27.4%) de las unidades familiares lo hicieron dejando hijos en Venezuela. El 75% de los inmigrantes venezolanos manifestó residir con familiares y un 57,3% compartir habitación con más de dos personas. Más del 90% de los venezolanos en territorio peruano no cuenta con un seguro de salud o con un empleo formal.
En conjunto, las cifras ofrecidas por el INEI sobre la población venezolana dan sustento estadístico a una realidad dramática que es evidente en las calles. Ya no hablamos solo del venezolano o venezolana que labora de mesera en el menú de la esquina, del “jalador” en la tienda de Gamarra o del “emprendedor” de Rappi o Glovo que realiza delivery. Lo que vemos con mayor intensidad en los últimos meses es un contingente cada vez más amplio de inmigrantes venezolanos que ejercen la mendicidad en avenidas y buses de las principales ciudades; familias en situación claramente de pobreza y vulnerabilidad económica, sin mayores perspectivas a la vista, cuyas necesidades más urgentes no son atendidas por ninguna institución pública ni privada.
Impacto laboral de los migrantes venezolanos
A pesar del importante aporte estadístico del INEI, en materia de empleo la información seguía siendo parcial e insuficiente. Era necesario contar con aproximaciones que explicaran qué venía sucediendo en el terreno de la microeconomía con el arribo masivo de venezolanos. Ningún estudio abordaba a profundidad esta dimensión que, sin embargo, era abordada por autoridades y líderes de opinión apelando a presunciones y especulaciones sin mayor sustento.
Parte de este vacío fue llenado la semana pasada. La presentación de un conjunto de investigaciones en el foro de OIM, OIT y OEA contribuyó a esclarecer la morfología de la migración venezolana en Colombia y Perú; a identificar sus principales características y tendencias.
Desde que “emergió” el fenómeno migratorio venezolano en el Perú y la región, se han realizado una serie de investigaciones centradas –en un primer momento– en identificar el perfil del migrante venezolano, la ruta del migrante y sus condiciones de vida en la sociedad de destino[2]. Hacía falta, no obstante, una mirada detallada sobre el impacto de este proceso en el mercado de trabajo local. ¿Es verdad que los venezolanos le estaban quitando el empleo a los trabajadores peruanos? ¿Qué tan cierta era esa presunción? Y si efectivamente había un desplazamiento de mano de obra local, ¿en qué sectores y con qué impacto? Preguntas para nada ociosas, puesto que, a punta de repetirse en redes y sobremesas, la idea del desplazamiento de trabajadores nativos por foráneos comenzó a tomarse como un dato objetivo de la realidad, generando recelo y animosidad contra la población inmigrante.
Frente a esta necesidad, y por encargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la OIM y OIT auspiciaron la elaboración del informe “Impacto de la migración venezolana en el mercado laboral de tres ciudades: Lima, Arequipa y Piura”, a cargo del Programa Laboral de Desarrollo (PLADES) y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).
A partir de la aplicación de 1,600 encuestas, 8 focos group y más de 40 personas entrevistadas en las tres ciudades que albergan a la mayoría de inmigrantes venezolanos en Perú, este estudio presenta un conjunto de hallazgos que van más allá de las aproximaciones “estándar” con que se aborda esta problemática en los medios de comunicación masiva.
En términos generales, el informe de PLADES y UARM constata lo que es “una característica visible del proceso de inserción laboral” de los migrantes venezolanos: la extendida condición de precariedad e informalidad laboral en la que se encuentra el 92,1% de los venezolanos encuestados.
Esta precariedad laboral se expresa especialmente en la duración de las jornadas y el nivel de los ingresos. Casi la mitad (49%) de los inmigrantes venezolanos se gestiona montos que van desde el salario mínimo (S/. 930) a los S/ 1,500 (el promedio de ingresos en la población venezolana es S/. 1,025.64 o US$ 310 mensuales). Un porcentaje apenas menor (46%) declaró tener ingresos por debajo del mínimo; y de este grupo, 27.13% dijo trabajar más de 60 horas semanales.
A los bajos ingresos se suman una serie de abusos consustanciales de la informalidad. El 47% afirmó que no recibe su remuneración puntualmente. Poco más del 70% de los encuestados manifestó no contar con descanso semanal remunerado. Solo el 2% reconoció contar con un seguro de salud y ¡apenas 4 de los 1,601 encuestados está afiliado a un fondo previsional!
Pero el principal aporte de esta investigación reside en las tendencias que se estarían perfilando en el caótico proceso de inserción laboral de los venezolanos en el Perú.
- Por un lado, se registra una sobreoferta de mano de obra como consecuencia del ingreso masivo de venezolanos al territorio peruano. Esta situación ha aumentado la presión sobre el empleo en actividades de baja calificación, principalmente en el sector informal. Apenas 40,000 venezolanos están registrados en la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Asumiendo que la mitad de los venezolanos en Perú trabaja, tan solo el 10% se encontraría laborando en la economía formal. Con lo cual, resulta difícil sostener el discurso tendencioso de que los inmigrantes venezolanos estarían desplazando a los trabajadores peruanos de sus empleos formales; por lo menos no en una magnitud que justifique el alarmismo tendencioso.
- El ingreso de venezolanos al Perú ha pasado por varias etapas. La primera “ola” de inmigrantes venezolanos ingresantes (en el 2017) buscó y encontró opciones de empleo asalariado o dependiente (aunque precarios e informales) en pequeños negocios del rubro servicios y comercio (restaurantes, mecánicas, tiendas minoristas, etc.). Al haber un “ejército de reserva” amplio y necesitado, el costo del trabajo disminuyó hasta límites impensables. Estas condiciones explicarían el tránsito hacia una “segunda” etapa (2018 y 2019) donde el migrante venezolano comienza a ver como una salida “decorosa” el autoempleo o trabajo autónomo. Este cambio responde a varios factores. Por un lado, la saturación del mercado laboral formal y asalariado. Por otro, por el entorno de precariedad en que realizaban sus trabajos; en muchos casos, en situación de explotación laboral y, en el caso de las mujeres, de acoso sexual. Un tercer factor de “incentivo” para el trabajo autónomo está relacionado con la flexibilidad y autonomía en el manejo de los tiempos. Esto les permitía un mayor control de sus movimientos y el cuidado de los hijos. Finalmente, un cuarto factor –probablemente el más importante– tiene que ver con los ingresos obtenidos como autoempleados; al parecer equivalentes o mayores a los recibidos trabajando como dependiente para un empleador.
- Por el lado de la demanda, es decir, desde la perspectiva de los empleadores y empresarios peruanos, fue evidente que la repentina “preferencia” por contratar trabajadores venezolanos estuvo relacionada con la posibilidad de reducir sus “costos” laborales, aprovechándose de la necesidad del inmigrante indocumentado y requerido de ingresos. Todo lo cual dio lugar a una abundante cantidad de denuncias de abuso laboral por parte de empleadores locales. La lista es larga: remuneraciones impagas, descuentos injustificados, jornadas extendidas, estafas, retenciones de salarios y de documentos, etc. En un contexto de exceso de fuerza de trabajo y escasa capacidad de negociación de los trabajadores inmigrantes, el déficit de fiscalización laboral opera como un incentivo para que empleadores informales operen con total discrecionalidad e impunidad.
- Un dato no menor: una tendencia a la subutilización de las competencias laborales de los trabajadores venezolanos. De un tiempo a la fecha escuchamos de testimonios de inmigrantes venezolanos que relatan ser profesionales o técnicos en medicina, electrónica o docencia, haber trabajado en sus ciudades de origen como médicos o ingenieros, y que ahora se ven urgidos de hacerlo como taxistas, vendedores ambulantes, brindando servicios en comercios y restaurantes. Bajo condiciones paupérrimas. En términos de proyectos de vida, un drama personal. En este contexto confluyen dos factores: por un lado, las múltiples dificultades que tienen para acreditar sus competencias técnico-profesionales y experiencia laboral, al no contar con la documentación requerida. Por otro lado, la falta de oportunidades de empleo calificado en un contexto local de menor crecimiento económico y estancamiento/caída de la demanda externa e interna.
- Como corolario, a los obstáculos propios de un contexto económico deprimido, se suma la situación de mayor vulnerabilidad, discriminación y acoso que enfrentan las mujeres venezolanas en su búsqueda de empleo.La investigación de PLADES y UARM constató el mayor porcentaje de inmigrantes venezolanas ganando por debajo del salario mínimo, mientras que la mayoría de los hombres recibe entre S/ 931 y S/ 1,500. Asimismo, el 4,3% de hombres gana por encima de S/ 1,501, en contraste con el 0,82% de mujeres que se encuentran en ese rango salarial.
El calvario de las venezolanas
(Foto: Perú21)
En todas las investigaciones y abordajes que se conocen, la situación de la mujer venezolana aparece particularmente compleja y vulnerable. No solo por las diferencias salariales registradas (brechas que constituyen un rasgo estructural en nuestro mercado de trabajo). Principalmente, por las múltiples dificultades y obstáculos que deben encarar para hacerse de un empleo o ingreso estable. De acuerdo a los testimonios recogidos, se constata que las migrantes venezolanas afrontan contextos de discriminación y acoso. Están particularmente expuestas a la violencia de una cultura machista que ha “erotizado” su imagen, legitimando el acoso laboral o sexual al que están expuestas, dentro y fuera de sus espacios laborales.
En esto coinciden dos investigaciones recientes, ambas realizadas en Lima en el primer trimestre del año, donde se analiza de manera específica los procesos de inserción laboral de las migrantes venezolanas.
El estudio realizado por CARE, sobre las capacidades y competencias de mujeres venezolanas residentes en Lima, que implicó 201 entrevistas a mujeres venezolanas de entre 18 y 40 años, dio cuenta de una serie de datos que son expresivos de esta realidad.
Por ejemplo, el 63.7% de las venezolanas encuestadas señaló contar con un empleo (la mayoría tardó dos meses en encontrar el primero); sin embargo, 29% de estos empleos son en el comercio ambulatorio e informal, mientras un 43% está relacionado con ventas y atención al público (las anfitrionas en casinos y restaurantes, meseras, impulsadoras en grifos y discotecas). Estos “trabajos” se otorgan básicamente a inmigrantes de entre 21 y 35 años, que usualmente cuentan con estudios universitarios o técnicos. Más del 85% de estos empleos son a tiempo completo, en jornadas que superan las ocho horas regulares. Un 36% de venezolanas encuestadas reportó estar desempleada, siendo un rasgo común en este segmento ser mayores de 35 años, con estudios secundarios o inferiores.
(Foto: Andina)
Independientemente del nivel educativo o experiencia laboral acreditable, el 51.2% de las venezolanas entrevistadas identificó el acceso a la documentación migratoria como una de las principales barreras para obtener un trabajo “adecuado”. Según el estudio de CARE, el 43% de venezolanas indicó contar solo con pasaporte o su cédula de identificación, lo que les dificulta su contratación formal/legal. A pesar de llevar residiendo un año o más en Perú, solo el 17.4% de las venezolanas encuestadas refirió contar con el permiso temporal de permanencia (PTP). Menos del 10% señaló sentirse con relativa “estabilidad” al contar con carné de extranjería.
El drama de la inmigración venezolana no se limita, sin embargo, a las condiciones de trabajo, acceso a la salud o estatus migratorio en la sociedad receptora. Una ampliación del zoom nos haría notar que la crisis económica y social en Venezuela implicó no solo la migración abrupta de millones de venezolanos, que partieron –literalmente– con lo que portaban en sus mochilas, para enfrentar un horizonte de carencias y dificultades sin final a la vista. Significó, sobre todo, la destrucción de miles de proyectos de vida personales y familiares, obligados de pronto a dejar empleos, estudios, propiedades y relaciones sociales, para “reinventarse” en las sociedades de destino, en condiciones de repentino empobrecimiento, precariedad y vulnerabilidad social.
Es el caso del 60% de venezolanas que declaró contar con algún tipo de formación universitaria o de formación técnica, obtenida en su país; del 27.6% que señaló tener entre 4 y 10 años de experiencia de trabajo; o del 83% que manifestó haber estado trabajando remuneradamente antes de venir al Perú, ya sea como trabajadoras dependientes formales (79%) o informales (3,6%), además de las que se desempeñaban como autónomas en un negocio propio formal (17.4%).
En la misma línea se ubica la investigación realizada por el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEPUCP) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), orientada a indagar por el proceso de “inclusión e integración social, económica y cultural” de la población venezolana.
(Foto: Omar Lucas)
A partir de la aplicación de 650 encuestas y de cuatro grupos focales con ciudadanos peruanos y venezolanos en nueve distritos de Lima Metropolitana (Comas, San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, La Victoria, Cercado de Lima, Chorrillos, San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho), este estudio confirmó los hallazgos alcanzados, por ejemplo, en otras investigaciones realizadas en el mismo periodo (como la de PLADES y UARM), y a la vez profundizó en algunos aspectos específicos de la migración venezolana.
Sobre el impacto laboral, el IDEHPUCP encuentra que el 88% de los inmigrantes venezolanos encuestados se encuentra trabajando. Este dato confirma el carácter eminentemente económico de la migración venezolana. El 46% trabaja en el comercio ambulatorio. Un 15% como vendedores en tiendas o establecimientos comerciales. En menor cantidad se registraron las siguientes ocupaciones: peluqueras (8%), conductores de mototaxi (8%) y meseros en restaurantes (5%). También como “jaladores” (3%), empleo doméstico (2%), construcción civil (2%), cocinero (2%), mantenimiento de vehículos (2%), servicios técnicos (2%), entre otros. Los investigadores sugieren que el nivel educativo no es un predictor del tipo de empleo obtenido por el inmigrante venezolano, aunque reconoce que los venezolanos sin educación superior ocupan en mayor proporción empleos menos calificados, como la venta ambulante (51% frente al 41%) y la conducción de mototaxis (10% versus 5%).
Por otro lado, si bien no ofrece cifras, el estudio del IDEHPUCP encuentra que para un sector de venezolanos –hombres y mujeres– eltrabajo sexualaparece como una opción extrema a la que se ven instados ante “la necesidad económica inmediata”, lo que “no constituye un plan económico a largo plazo”. A ello ha contribuido la “hipersexualización” de la mujer venezolana (p. 50), en el marco de una cultura machista predominante en muchos espacios de nuestra sociedad.
El modelo es el problema
Vistos en conjunto, los hallazgos presentados por estas investigaciones constituyen un aporte valioso para la comprensión de un fenómeno altamente complejo, como es la migración internacional, en este caso de venezolanos al Perú. En esta tribuna creemos que deben ser considerados como insumo para el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a garantizar, por un lado, que el impacto de la inmigración no tenga efectos negativos para la sociedad receptora (para lo cual deben implementarse medidas específicas en el ámbito del trabajo y la seguridad pública); y por otro, a facilitar el empleo de los inmigrantes venezolanos en aquellas ocupaciones donde existe margen para su inserción, garantizando que sus derechos no se vean menoscabados, evitando que sean objeto de abuso, explotación y exclusión social.
En materia laboral, estas aproximaciones desmienten los discursos que buscan endosar a la migración venezolana los problemas de empleo que afrontan los peruanos. Como si fueran problemas de esta hora. Este tipo de balances no toman en cuenta que nuestros mercados de trabajo arrastran déficits de empleo adecuado, formal y con derechos desde décadas atrás; y que las reformas flexibilizadoras que se aplicaron desde Fujimori a la fecha, no solo no resolvieron, sino que incidieron en su profundización.
Ciertamente, el déficit de empleo decente reportado en diversos análisis y estudios se ha visto acentuado por la presencia de un contingente adicional de mano de obra compuesto por venezolanos, aunque en términos cuantitativos no se haya determinado el real impacto. Pero queda claro que la causa y origen de estos problemas (las pocas oportunidades de empleo adecuado y productivo que genera la economía local), responde principalmente a las políticas laborales y económicas implementadas por los últimos gobiernos, con los resultados de informalidad y precariedad laboral que todos conocemos.
En conclusión: el drama social de la diáspora venezolana no debe ser utilizado como distracción para escamotear los factores estructurales, políticos e institucionales que están a la base del problema de fondo.
[1]Pedro Francke ha publicado los siguientes artículos: “Los efectos de la Ola Venezolana” (http://pedrofrancke.com/2018/08/24/los-efectos-de-la-ola-venezolana/), “Inmigración: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa” (http://pedrofrancke.com/2018/10/28/inmigracion-una-cosa-es-una-cosa-y-otra-cosa-es-otra-cosa/) y “El debate post Cade: ¿a menos empleos, despidos más fáciles” (https://wayka.pe/el-debate-post-cade-ante-menos-empleos-despidos-mas-faciles-por-pedro-francke/). Oscar Dancourt, por su parte, ha abordado el mismo tema en: “Inmigración masiva, salarios reales y empleo: un modelo Keynesiano” (http://departamento.pucp.edu.pe/economia/documento/inmigracion-masiva-salarios-reales-y-empleo-un-modelo-keynesiano/) y “Libre inmigración y empleo: O cómo desvestir un santo para vestir al otro” (http://www.otramirada.pe/libre-inmigración-y-empleo-o-como-desvestir-un-santo-para-vestir-otro).
[2]Una de las primeras fue el volumen publicado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Fundación Adenauer Stiftung, la OIM y la BIMID, El éxodo venezolano: entre el exilio y la emigración. Lima, 2018.
