Está circulando por internet la convocatoria a un plantón de protesta difundido por el Sindicato de Trabajadores de SAGA FALABELLA (Sutrasaf). La medida se viene realizando todas las tardes de esta semana, hasta el viernes 13, en su sede de San Isidro. Son varias las razones que alega el sindicato, aunque la principal, la gota que rebalsó el vaso, es el grosero aumento que ofrece la empresa en plena negociación colectiva: cero soles. Como lee: cero soles.

Obviamente los trabajadores lo toman como una grosería por parte de sus empleadores. La ausencia total de voluntad de la empresa para cumplir con un derecho fundamental de los trabajadores, como es la negociación colectiva. Más aún cuando, como señala un comunicado sindical, existe personal (de los centros de distribución) que no reciben un aumento en diez años.

Lo que exaspera a los trabajadores es lo paradójico de la situación. SAGA FALABELLA es un negocio altamente rentable. De acuerdo al sindicato, la empresa habría obtenido 166 millones de soles de utilidades netas durante el 2018. Aun así, ofrece cero soles de aumento.

Contrariamente a lo que sucede con otras convocatorias sindicales, esta ha calado notablemente en las redes sociales. ¿Pura y comprensible solidaridad con los trabajadores de esta transnacional chilena? Probablemente sí; aunque también podría estar expresando cierto descontento ciudadano frente a una empresa que es “premiada” por los consumidores peruanos, pero que no estaría retribuyendo recíprocamente al país.  El que menos ha comprado alguna vez productos o servicios en una de las treinta tiendas que tiene a nivel nacional. Muchos deben estar endeudados con su banco y que crece a costa de los intereses cobrados. Es, a todas luces, una empresa rentable y en permanente crecimiento, que se ha consolidado gracias a la clase media peruana.

Volviendo al conflicto laboral, lamentablemente este no se reduce a un asunto de aumento salarial. Esta demanda justificada es tan solo la punta del iceberg. Existen otros factores que evidencian un panorama sombrío para el personal de la cadena retail.

Por un lado, el sindicato denuncia prácticas antisindicales por parte de la empresa. Desde suspensiones a los dirigentes (sin que puedan ejercer su derecho a la defensa), hasta cambios intempestivos y arbitrarios de los horarios y áreas de trabajo, incluso de tienda, ocasionando perjuicios a los trabajadores sindicalizados. Acusaciones que no deben minimizarse ni soslayarse. En parte, porque forman parte de una realidad bastante más extendida de lo que se conoce comúnmente. El Perú es uno de los países con más violaciones a los derechos sindicales. Pero además, porque nuestro país ejerce actualmente la presidencia pro tempore del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), precisamente el año en que esta agencia de Naciones Unidos cumple su primer siglo. Encargo que, si cabe recordarlo, le confiere una particular y especial responsabilidad, acorde con el espíritu de la Declaración de Principios Fundamentales de la OIT.

De acuerdo a lo expresado por el Sutrasaf, SAGA FALABELLA habría impugnado judicialmente varias de las resoluciones impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización laboral (Sunafil), que admitían y validaban las denuncias interpuestas por los trabajadores. De esta forma, consigue postergar temporalmentela ejecución de la acción remediadora o la restitución de sus derechos. Con estas dilaciones, los trabajadores se ven arrastrados a juicios engorrosos y costosos, solo para hacer valer sus derechos.

A las amenazas sobre la libertad sindical se suman otros problemas “clásicos” de la realidad laboral peruana. Uno típico es la tercerización progresiva de las diversas etapas que implica la actividad empresarial. En el caso de SAGA FALABELLA, los cambios se estarían dando en las áreas de seguridad y plataforma. En esta última área, la empresa está reemplazando trabajadores locales por venezolanos y venezolanas a las que se les paga salarios mínimos, sin reconocerles derechos y beneficios sociales básicos.

Otro tanto reside en la precarización de las condiciones laborales: la empresa entregaría uniformes de trabajo de baja calidad, indumentaria elaborada con material sintético, incómodo y dermatológicamente riesgoso. Signos de la poca valoración que tienen por su personal.

El trabajo del futuro, sin futuro

Sin embargo, las mayores amenazas provienen por el lado del cambio tecnológico y su impacto en la organización de las ventas y cobranza. SAGA FALABELLA pretende introducir (y viene aplicando) el uso de aplicativos y medios digitales en sus ventas minoristas. Con ello “abre un mundo de posibilidades” para el cliente, pues lo conecta en un par de click con el producto que busca o desea comprar. Pero toda esta magia tecnológica trae cola y pone a los trabajadores en una situación delicada.

Los efectos ya se vienen dando: el Sutrasaf da cuenta de rebajas en las remuneraciones de los trabajadores por efecto de las ventas on line. El mecanismo es claro: si antes el trabajador que vendía en tienda un producto obtenía una comisión, con la venta electrónica esta posibilidad disminuye. Si ese mismo cliente repite la compra, desde la comodidad de su hogar, varias veces, no solo pierde el trabajador comisionista, que deja de percibir el incentivo, mermando sus ingresos. Al mismo tiempo, el valor del producto incorpora el costo el envío, que se cobra al consumidor, pero le ahorra a la empresa el pago de la comisión al trabajador. En términos sencillos, permite a la empresa aumentar sustancialmente sus ganancias, al mismo tiempo que reduce los ingresos del trabajador.

Lo mismo pasa con las trabajadoras encargadas de la caja: antes cobraban comisiones por las transacciones que los clientes realizaban con tarjeta CMR, lo que les permitía adicionar a su básico entre S/ 300 a S/ 500 en una campaña. Con el nuevo sistema que busca imponer la empresa, en adelante las cajeras serán evaluadas por un “cliente anónimo”, cuya ponderación del trabajo realizado determinará si procede o no el incentivo económico.

“Nosotros no estamos en contra del uso de la tecnología ni de la venta por internet”, explica a TrabajoDigno.pe la secretaria general del Sutrasaf, Francis Gama. “Es más:  estamos dispuestas a acoplarnos. Pero la empresa no nos comunica los cambios que quieren implementar.  Ni siquiera nos dan opciones. Y los trabajadores somos los que perdemos”.

Derechos humanos… en el papel y ¿en la práctica?

El caso de SAGA FALABELLA es paradigmático por varias razones. Por un lado, está la intensa publicidad con que nos bombardea diariamente (y más en navidad). No solo de sus productos, sino también de la imagen de empresa exitosa y bien posicionada que buscan proyectar.

En su web señalan ser “una de las compañías más grandes y consolidadas de América Latina que desarrolla su actividad comercial a través de varias áreas de negocio: tienda por departamentos, grandes superficies, mejoramiento y construcción del hogar, supermercados, banco, viajes y seguros”. Precisamente el nicho por el que más se le conoce, la tienda por departamentos, es promocionada como “la más importante de Sudamérica con más de 65,000 colaboradores en Chile, Argentina, Colombia y Perú”.

Toda esta narrativa queda en entredicho cuando se conocen situaciones como la expuesta por el Sutrasaf. Su caso sienta un mal precedente considerando que el Gobierno de Chile aprobó, el 2017, un Plan de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos que estará vigente hasta el próximo año, y que constituye una política pública que define una serie de compromisos y objetivos gubernamentales en la materia, que adquieren el estatus de obligaciones extraterritoriales para el Estado chileno, varias de las cuales están orientadas a promover una cultura empresarial respetuosa de los derechos humanos, dentro y fuera de su territorio, incluidos terceros países. Lo cual no viene sucediendo, obviamente, en el Perú.

De esto da cuenta el informe sobre el Impacto en los derechos Humanos de las Empresas Chilenas que operan en Perú, publicado por el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Equidad). En este documento se identifican una serie de incumplimientos en materia laboral, ambiental y fiscal derivados de las prácticas de ocho importantes empresas chilenas: las tres empresas del Grupo Cencosud, Wong, Metro y París; Ripley, Abastible, Protisa, además de SAGA FALABELLA.

Los trabajadores de estas empresas han cursado comunicaciones a las autoridades chilenas encargadas de supervisar el cumplimiento de su Plan de Acción Nacional. Pero también a sus representantes diplomáticos en nuestro país (Embajador de Chile) y también al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, detallando cada una de sus problemáticas y solicitando la intervención de ambas instancias como promotoras (y garantes) del diálogo tripartito. Sin embargo, la respuesta en algunos casos fue “formal” y elíptica; y en otros, simplemente ha primado el silencio.

Estas omisiones parecieran no estar comprendiendo los procesos sociales que acontecen en la región. La displicencia e intransigencia con que atienden los reclamos de los trabajadores constituyen el principal combustible y justificación para el descontento social. ¿No son situaciones como la descrita parte de las motivaciones que llevaron al estadillo social precisamente en Chile? ¿Quieren que se repita una crisis similar en nuestro país? En manos de las autoridades está que esto no suceda.