El salario mínimo vuelve al centro del debate. En el Perú, en plena campaña electoral, (casi) todos los candidatos han propuesto un aumento. Como se ve en este reportaje de La República los aumentos propuestos van desde los 900 soles hasta los 1500, aunque son pocos los que explican los criterios y fundamentos de su cálculo.

Frente a las críticas de algunos sectores que han “observado” un aumento del salario mínimo, encontramos dos interesantes aproximaciones que sustentan la viabilidad –e incluso pertinencia– de ajustar el monto actual.

En el diario Gestión, el economista German Alarco propone 25 razones por las cuales considerar positivo un aumento de la remuneración mínima vital.

Por su parte, Giovanna Prialé, directora de Gerens Economía y Finanzas, escribe en El Comercio un artículo en el que cuestiona los argumentos que vinculan el aumento del salario mínimo con impactos negativos en términos de pobreza, informalidad y desempleo.

Prialé basa su cuestionamiento en la evidencia empírica encontrada en dos estudios que vinculan ambas variables: por un lado, el paper Minimum Wages and the distribution of Family Incomes (2013) y por otro, The impact of Minimum Wages on Informal and Formal Labor Market Outcomes. Evidences from Indonesia (2015)

En países vecinos también se debate el salario mínimo. Por ejemplo, mientras que en Colombia éste subió en 7%, en Ecuador el incremento del mínimo vital fue de 3,4%. En ambos casos, el criterio utilizado fue la inflación.

El Ministro de Hacienda de Colombia, Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que “El salario mínimo debe estar por encima de la inflación total, no se mira la inflación de un grupo u otro, sino el IPC total. La inflación basada en el IPC total fue 6,77 por ciento y el aumento del salario mínimo fue del 7 por ciento, es decir, cumplimos la norma de aumentar el salario mínimo por encima de la inflación”.

Mientras que en Ecuador, al no haber acuerdo de los actores económicos y laborales, fue el Gobierno nacional –a través del Ministerio de Trabajo– quien decretó un aumento del salario básico de 3,4%, coincidente con el índice inflacionario.

Otro aspecto polémico en esta discusión está relacionado con los salarios mínimos diferenciados. En la región algunos países están girando en sentido opuesto. Así, la Corte Constitucional de Guatemala dejó en suspenso dicha medida aprobada por el Gobierno nacional, justificando el establecimiento de un salario por debajo del mínimo como “una manera de llevar otras opciones de trabajo y desarrollo a la provincia”.

En México, por el contrario, se eliminaron los salarios mínimos por zonas. En este caso fue el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), órgano tripartito, el que acordó homologar la zona económica ‘B’ con la ‘A’ estableciendo un salario mínimo general en todo México de 70.10 pesos diarios. “Este es un hecho histórico, que contribuye a resarcir la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos”, fue la conclusión por consenso de los actores económicos y sindicales. “Con este paso se está dando puntual cumplimiento a uno de los compromisos en materia de mejora de los ingresos laborales”, declararía el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.