La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad. Eso ha llevado a que sea uno de los temas centrales tratados en la campaña electoral que ahora termina. Un problema ciertamente complejo, que requiere soluciones que van más allá de lo estrictamente policial.

Por lo pronto, la ineficacia del Estado para atender este flagelo ha significado que diversos sectores asuman de manera privada el resguardo personal y de sus bienes. Esto explica la aparición y expansión de un nicho empresarial especializado en seguridad privada. Sin embargo, un aspecto poco atendido por la opinión pública y los medios de comunicación es la situación laboral de las personas que se dedican a este rubro. En los últimos días hemos tomado nota de las denuncias presentadas por los Sindicatos de dos importantes empresas internacionales de seguridad privada: Securitas y Prosegur.

Por un lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Securitas denuncia que hace ocho meses vienen negociando su pliego de reclamos, sin lograr ningún acuerdo por negativa de la empresa. Esta situación se ve agravada por los actos de hostilización a los que están expuestos con la suspensión de dirigentes y afiliados, y la no renovación de contratos en provincias.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prosegur hace público el acoso, maltrato y hostigamiento contra los nuevos afiliados en las sucursales al interior del país, el cual se traduce en el despido (bajo la modalidad de no renovación de contratos). Dan cuenta también del incumplimiento del convenio colectivo vigente en lo que respecta a la salud y seguridad en el trabajo, ascensos y objetivos de personal e incremento de los sueldos.

Exhortamos a la Autoridad de Trabajo a tomar cartas en el asunto de manera célere y eficaz.