(Foto: Agencia Andina) (Foto: La República)
Sin duda, el tema central en el discurso presidencial por Fiestas Patrias tuvo como eje la lucha contra la corrupción y la reforma del sistema judicial. Temas comprensibles (diríamos que centrales) en el contexto actual de crisis generado por el manejo ilegal, delictivo y anti ético en la administración de justicia, que revela –a partir de los audios difundidos recientemente– la red de complicidades y favores entre altos magistrados y políticos, con organizaciones mafiosas y abogados inescrupulosos. Los destapes periodísticos, y la oportuna reacción de la opinión pública y de la ciudadanía movilizada, hicieron ineludible una mención medular al respecto. Hizo bien el Presidente Martín Vizcarra en trazar la cancha y mostrar voluntad política para enfrentar esta lacra que acogota al país.
A pesar de las expectativas que abre un discurso con alusiones a reformas cruciales para el futuro institucional del país, en TrabajoDigno.pe creemos que faltó profundizar en temas claves. Uno de ellos es el referido a la política laboral y la generación de empleo adecuado y productivo. De los quince temas pauteados en el mensaje, dos –Economía(pág. 14) y Sectores Productivos(pág. 17)– estaban relacionados directamente, aunque no lo mencionaron específicamente: en la hora y 45 minutos que duró su mensaje, apenas se utilizó la palabra “empleo” (dos veces); de las 13 menciones que tuvo la palabra “trabajo”, solo una estaba referida al mercado laboral; mientras que de las cinco menciones al término “derecho”, ni una hacía referencia a los derechos laborales.
Pero, ¿qué dijo en específico el Presidente Vizcarra en torno a la problemática del empleo, la segunda en importancia para la opinión pública (según la encuesta de GFK, el 30% de los peruanos la ubica entre las prioridades que debiera atender el gobierno)?
Se desprende de su intervención que la generación de empleo y mejora de la calidad de vida, será resultado de una serie de medidas relacionadas con el crecimiento económico. Y este, a su vez, será consecuencia de (i) un incremento de la inversión pública y privada, (ii) la promoción de la competitividad; (iii) el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (Mypes); y (iv) la estabilidad social y política del país. Para cada una de estas estrategias propuso medidas específicas.
Por ejemplo, en lo que respecta a la inversión pública (que, según informó, creció en el primer semestre un 18,6%, debido a la transferencia de recursos a los Gobiernos Regionales y Locales, y el consecuente incremento de su ejecución presupuestal), se espera que genere más puestos de trabajo y mejore la calidad de vida a lo largo y ancho del país. Lo cual denota, además, un guiño al fortalecimiento del mercado interno y de la descentralización.
En el caso del desarrollo productivo y empresarial de las Mypes, Vizcarra planteó “la mejora del sistema de compras estatales, calidad de los productos, reducción de costos de financiamiento y promoción de la formalización laboral”. En esa línea, planteó que el Ministerio de la Producción institucionalice el Programa Compras a MYPERÚ y fortalezca el Programa Tu Empresa, “en tanto herramientas para el crecimiento continuo del sector”.
“Con todas estas medidas –señaló el titular del Ejecutivo– nuestra gestión viene trabajando por la generación de empleo, la ampliación de las oportunidades laborales para los jóvenes, la solución de los conflictos laborales a través del diálogo; y la formalización de las empresas y nuestro mercado de trabajo”.
En el mismo sentido, es saludable la mención a la reactivación del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), instancia tripartita constituida el 2002 para generar consensos entre los gremios empresariales, sindicales y gubernamentales en torno a la política laboral y de empleo en el país. De acuerdo a lo expresado por el Presidente, la reactivación de este importante espacio de concertación y diálogo socio laboral debiera generar “un diálogo fluido y servir para hacer un seguimiento a los compromisos de dichos actores sociales”. Aspiración que se logrará si la participación del Estado logra mantener un equilibrio que garantice la confianza y participación sostenida de los actores en este espacio.
Quizá lo más importante en el campo social sea la mención a los pensionistas de la Ley N° 19990, ex servidores públicos que hoy viven ahogados en una maraña judicial que impide el disfrute de una pensión digna. Como parte de la reforma judicial, Vizcarra dispuso que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) presente en el término de quince días, un plan de descarga procesal que evite a los adultos mayores trámites innecesarios y maltratos que no merecen. Esta situación ha sido analizada por la Defensoría del Pueblo hace exactamente una década, dando cuenta –en un informe técnico– de la cruda realidad que atraviesan decenas de miles de pensionistas que ven entrampadas judicialmente sus demandas por el acceso a una pensión que les permita (sobre)vivir.
Lo que preocupa
Finalmente, llamó la atención la ausencia de medidas específicas para enfrentar el problema de la informalidad laboral y la generación de empleo productivo, más allá de menciones generales. No se escucharon menciones al fortalecimiento de las inspecciones de trabajo, con recursos insuficientes para cumplir sus funciones oportunamente. Tampoco se mencionó la promoción del empleo juvenil y productivo, donde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) viene diseñando una estrategia para promover la capacitación y empleabilidad de este sector etario, sin recurrir a la “vía fácil” de la flexibilización laboral. Ni una palabra sobre la negociación colectiva en el Sector Público, derecho pendiente de legislar.
Estos vacíos podrían entenderse en claves distintas. Por un lado, es probable que –en el orden de prioridades del Ejecutivo– la agenda laboral no haya merecido un lugar prioritario en el discurso presidencial. Sabemos de buenas fuentes los esfuerzos que desde el MTPE se vienen impulsando en aras de emprender el difícil (pero ineludible) reto de dinamizar los mercados laborales con un aparato institucional diseñado para promover la inversión privada, pero no necesariamente el empleo adecuado y decente. Institucionalidad, ciertamente, heredada del periodo fujimorista (1992–2000) y que fuera mantenida y ampliada por los gobiernos que le sucedieron bajo el periodo democrático.
Por otro lado, esta falta de referencias a políticas específicas de empleo respondería, a su vez, a una estrategia subalterna liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) orientada a profundizar el modelo de flexibilización laboral que se viene aplicando desde los años noventa. Algo de esto se deja vislumbrar en el anunciado Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el mismo que apuntaría –según mencionó el Presidente en su discurso– a “articular la intervención pública y privada en estos temas”, pero que fue elaborado sin participación del ente competente en materia laboral y de empleo, como es el MTPE.
Según este Plan, uno de los ejes relacionados con la promoción de la competitividad está relacionado con el Mercado Laboral. Mención que no debiera sorprender sino fuera por el tenor del diagnóstico y la propuesta programática del MEF.
Que desde el MEF se insista con fórmulas que carecen de sustento técnico (como lo hemos demostrado en este blog) debiera causar alarma, sobre todo porque parecen responder al interés de ciertos sectores empresariales que preferirían la eliminación del derecho laboral para tener pleno control de la organización del trabajo y de la distribución del ingreso. Las referencias que hace el MEF al predominio de la contratación temporal, en lugar de a plazo indefinido, tiene por objeto desarmar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ampara el derecho a la estabilidad laboral cuando de por medio hay un despido nulo o injustificado que pone en riesgo derechos fundamentales. Por ejemplo, cuando se afecta la libertad sindical al despedir dirigentes sindicales “molestosos”.
De ser ciertas estas presunciones, el Gobierno de Vizcarra se abriría un frente innecesario con el movimiento sindical y laboral, sector que más reciente la discrecionalidad de los empleadores para despedir a su personal. Pero sobre todo, por la falta de propuestas proactivas e integrales a favor del trabajo decente. Tanto en lo que respecta a la formación y capacitación laboral como en el impulso a los sectores productivos con mayor demanda de puestos de trabajo.
En TrabajoDigno.pe esperamos que la voluntad expresa del Presidente Vizcarra de gobernar a favor de los más “débiles”, sea determinante para atajar los intentos de un sector de su Gobierno por profundizar las reformas flexibilizadoras que pretenden algunos sectores empresariales. Estemos alerta y apoyemos las acciones a favor de los trabajadores y trabajadoras del Perú.
