En el marco de las medidas anunciadas por el Gobierno para reactivar la economía, la idea de presentar un proyecto de ley para incentivar la inserción laboral de jóvenes de 18 a 29 años, merece algunas reflexiones.
Según el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados, esta medida beneficiará a los jóvenes por un periodo de tres años y tendrá una duración indefinida para que se genere un incentivo permanente a la empleabilidad de este segmento de la población caracterizado por su alto grado de desempleo (La República 10/03/17).
Para dinamizar la inversión, propone que el Estado subsidie la cobertura del pago de EsSalud, y ya no el empleador, como es hasta ahora. Para las empresas eso supone ahorrarse el 9% de la remuneración que se destinaba a la seguridad social, y que ahora costeará el erario público por un monto de 60 millones de soles anuales. Grados precisó que los beneficiarios que ingresen a la formalidad mediante este mecanismo, mantendrán plenamente todos sus derechos vigentes, “en función al régimen laboral al que ingresen”.
¿Qué implica esto? ¿A quiénes realmente está dirigida la norma?
Veamos. Según el MTPE, la PEA ocupada de jóvenes asciende a 4,6 millones. De estos, sólo 952 mil (20,5%) tienen un empleo formal. Un 55% de los ocupados es asalariado y el 60% de ellos labora en empresas de menos de 10 trabajadores. Asimismo, 1,7 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. De los que forman parte de la PEA, el número de jóvenes desempleados asciende a 341 mil.
Ciertamente, la norma anunciada por el Ministro no está orientada al segmento que se ubica en la informalidad, mayoritariamente en empresas que no cuentan con registro alguno. Tampoco para el sector ocupado en micro y pequeñas empresas, dado que ya cuenta con regímenes laborales especiales (de Promoción de las Mypes) que contemplan menores derechos laborales que los del régimen general.
Bajo este razonamiento, el proyecto que estaría por presentar el Gobierno apuntaría a favorecer la contratación de jóvenes en las empresas formales, medianas y grandes, como estuvo concebida en su momento la llamada Ley Pulpín.
Desde una perspectiva de seguridad social, corresponde preguntarse ¿por qué el Gobierno asume el total del aporte del empleador a EsSalud (9%) y no el aporte del trabajador (13%) a los sistemas de pensiones? Como ha sido observado por la OIT el costo asumido por los trabajadores en el sistema de seguridad social resulta muy elevado y contraviene el estándar internacional que establece que los asegurados no deben asumir más del 50% del costo total del sistema de seguridad social (que incluye salud, pensiones, riesgos de trabajo, entre otras ramas).
Por otro lado, ¿por qué el Estado asume este subsidio y sigue sin realizar aportes que le corresponde en otros regímenes? Como ha sido señalado en el Estudio Financiero Actuarial 2015 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado debería de aportar sobre el total de las remuneraciones de los servidores públicos y no tener un tratamiento diferenciado que perjudica a EsSalud. Recordemos que en el caso de los trabajadores CAS el Estado solamente aporta sobre una base máxima del 30% de la UIT.
Desde otro punto de vista, en las empresas formales de más de 11 trabajadores, laboran 1,2 millones de jóvenes. Eso significa que hay cerca de 250 mil jóvenes con empleo informal en empresas formales. Si, con acciones de fiscalización laboral se formaliza el empleo de dichos jóvenes, se beneficiaría en cinco veces más el número de jóvenes que se busca insertar con la propuesta normativa (50 mil nuevos empleos, según lo declarado por el Gobierno). Sería importante conocer la posición de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) al respecto.