Javier Mujica Petit
Lo lograron. Con la ayuda del Gobierno, los grandes empresarios de la agroindustria peruana lograron limitar sustancialmente los daños que amenazaban sus privilegios en materia tributaria, y conservar lo sustantivo del régimen de explotación laboral que les regaló la Ley Chlimper (N° 27360), hace ya veinte años: la nueva ley aprobada cambia algunos pocos aspectos laterales, pero mantiene en esencia el mismo régimen. Los disturbios que se suscitaron por el rechazo a la norma no duraron más de 10 días gracias, por un lado, a la represión violenta contra la población desplegada por miles de policías trasladados al norte y el sur; y, por otro, a la sensibilidad diferenciada que los medios y la opinión pública concedieron a los muertos y heridos esta vez.
Sometidos al Gobierno y al lobby de los “coordinadores parlamentarios” de la Asociación de Gremios Agrarios Productores del Perú (AGAP), los partidos políticos representados en el Congreso abandonaron el proyecto de dictamen que unánimemente aprobó la Comisión Multipartidaria que el mismo Congreso había nombrado apenas dos días antes. Fue así como dejaron de lado –sin justificación alguna– la propuesta de conceder a los trabajadores agrarios una bonificación de 25% sobre la Remuneración Mínima Vital (RMV), igual a la que ya reciben los trabajadores mineros (DS N° 030–89–TR). Abandonaron su propuesta de otorgar a los trabajadores una bonificación anual por productividad; y también la de reconocerles una asignación por escolaridad, como la que perciben los trabajadores estatales y no pocos del sector privado. Se olvidaron de la propuesta de reconocerles, a partir de la entrada en vigencia de la ley, el derecho a participar del 10% en las utilidades generadas con su trabajo, como ya gozan los trabajadores de la industria, las pesqueras y las empresas de telecomunicaciones. Y abandonaron, con idéntica facilidad, la propuesta de recoger en la ley la obligación de recontratar al trabajador de temporada contratado por más de dos veces consecutivas o tres alternadas, como establece ya el artículo 69 del Decreto Supremo 003–97–TR. Y como les pareció que no habían olvidado lo suficiente, desecharon de su propia propuesta –aprobada por unanimidad– la obligación patronal de pagar la misma contribución a la seguridad social en salud que pagan todas las demás empresas, así como de establecer por ley las condiciones mínimas de trabajo (alimentación, transportes, seguridad y salud, etc.) que todos los demás países de América tienen reconocidas en sus respectivas legislaciones.
A cambio –y tomando como base un dictamen calcado de la propuesta del gobierno y la AGAP– se aprobó y luego promulgó la Ley N° 31110 (“Ley Sagasti” o “Climper II”, como se prefiera). La norma aprobada impone a los trabajadores agrarios una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA), que representa S/. 9 de aumento diario pero, a diferencia de los incrementos salariales que perciben los demás trabajadores del Peru, carece de carácter remunerativo. De este modo, los empleadores no lo tendrán en cuenta a la hora de calcular su CTS, ni gratificaciones, ni horas extras, que se mantendrán tan diminutas como las que percibían cuando estaba vigente la Ley 27360. Los trabajadores agrarios ya no percibirán ninguna Bonificación por Productividad, ni por Escolaridad. Y tampoco tendrán derecho a ser recontratados: solo dispondrán de un “derecho preferente –aunque no seguro– de ser recontratados”, que no es lo mismo. Después de 20 años de no hacerlo, ahora podrán participar de las utilidades o ganancias de sus empleadores, pero solo con el 5% hasta el 2023, el 7,5% hasta el 2026 y el 10% recién desde el 2027. Sus condiciones de trabajo serán definidas por un reglamento elaborado por el Poder Ejecutivo pero, en ningún caso, se podrá ir más allá de la Ley que se impuso en el Congreso. Y su aplicación quedará librada a lo que pueda controlar una Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) que será “fortalecida institucionalmente”, pero no presupuestariamente.
Tras reprimir duramente las tomas de carreteras ocurridas en las navidades (tanto en Ica como en Virú), varios ministros viajaron al norte y al sur; y, en ambos lugares se instalaron “mesas de diálogo” con participación de las autoridades locales, las empresas y los trabajadores. El resultado, en ambos casos, fue exactamente el mismo: para apaciguar a la población el Gobierno ofrece dos cosas. La primera: implementar medidas que contribuyan al “desarrollo social” (como el tendido de redes de agua, construir postas o pistas y veredas), siempre financiadas a costa del Estado. Y, en segundo lugar: plantea no revisar la ley, sino elaborar el reglamento de la norma aprobada, aunque sin ir más allá de lo que ésta establece.
Antes de eso, uno de los ministros aclaró convenientemente que ellos representan a un Gobierno de transición, por lo que las medidas de desarrollo social ofrecidas no se implementarán este semestre, ya que ellos solo pueden “evaluar y planificar” lo que haga falta para que –si lo estima pertinente– lo implemente la nueva gestión que asumirá el próximo julio. Prevención atendible si se considera que el presupuesto de este año se aprobó en noviembre pasado y ya no admite modificaciones sustanciales. Por ello, es justificado preguntarse ¿con qué recursos adicionales se harán estas nuevas obras si no estaban planificadas en el presupuesto que regirá todo el 2021? ¿Se harán con el presupuesto que se apruebe para el año 2022? Da igual: lo que se haga, se hará siempre con los recursos públicos que se financian con los impuestos pagados por toda la población, en un contexto en el que –al mismo tiempo– se mantendrán los privilegios tributarios del sector agroindustrial. Algo no cuadra.
¿Qué opciones les quedan a los trabajadores?
La primera puede describirse con expresiones propias del habla popular: tragarse el sapo. O pasar por el aro, y entrar en una negociación del reglamento con el Gobierno y los empresarios que les impusieron la nueva Ley. Pero teniendo claro que, en ningún caso, podrán ir más allá de lo que esta norma establece.
En teoría pueden –también y como segunda opción–, confiar en que el presente Congreso modifique la Ley N° 31110. Por ejemplo, para darle carácter remunerativo a la BETA; o para reforzar el ejercicio de su derecho a la estabilidad de sus empleos, en una forma adecuada al tipo de labores estacionales que realizan, que usualmente son permanentes aunque sean discontinuas; modificación que es imprescindible para que puedan ejercer su derecho a negociar colectivamente sus condiciones de empleo y procurar por esta vía lo que la ley les niega. Pero, es fácil prever que eso no ocurrirá a menos que se produzca un sustantivo cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso, y que fuerzas políticas oportunistas –ansiosas de ganar votos para sus partidos en la próxima elección de abril– se animen a sobreponerse a la alianza Sagasti–Partido Morado–AGAP.
Una tercera opción consistiría en que, aprovechando el estado de ánimo de las y los trabajadores del sector, enfoquen todos sus recursos en una campaña intensa y verdaderamente masiva de organización sindical en todo el campo. Reforzando los sindicatos y federaciones existentes, así como conformando sindicatos de actividad allí donde no haya presencia sindical actualmente. Para lo cual solo se necesitan 50 trabajadores de 2 o más empresas, que conformen el núcleo inicial fundador, con secciones sindicales en cada empresa, según lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 010–2003–TR.
En paralelo, podría llevarse a cabo una intensa campaña de información y capacitación laboral y sindical para dotarse y/o fortalecer los cuadros sindicales que se requieren para encarar el enorme desafío que será concretar la primera negociación colectiva por rama de actividad en el sector de la agroindustria.
El Gobierno habla de retirar gradualmente la policía de las zonas de conflicto. Tiene razón: no cuenta con la logística apropiada para tener estacionados indefinidamente a tantos policías llevados desde otros lugares a Ica o Virú. Tarde o temprano se van a ir. Pero no ha dicho nada del retiro de los 50 inspectores de trabajo que envió a Ica para reforzar a los 2 que había antes de las movilizaciones de diciembre.
La pregunta del millón es: ¿esos 50 inspectores se quedarán allí o volverán a Lima y todo regresará a la situación anterior? Si se quedan, las condiciones para llevar a cabo esa labor de organización sindical se incrementarán con menores riesgos. Pero si se van, y todo vuelve a lo que era antes, entonces lo que se incrementaran son las razones para que esos trabajadores se organicen y logren por sus propios medios lo que, hasta ahora, empresas y políticos ajenos a las vivencias de los trabajadores les han mezquinado sin piedad.
