En el marco de las facultades otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo presentó la semana pasada 112 decretos legislativos, incluidos varios en material laboral, habiéndose publicado previamente algunos decretos supremos con similar contenido. Estas disposiciones laborales han sido reseñadas en el portal La Ley.

Los decretos aprobados abordan diversas aristas en materia de seguridad y salud ocupacional; tramitación de los contratos de trabajo ante la Autoridad Administrativa; la inhabilitación civil de servidores públicos procesados y juzgados por corrupción, así como la informatización y almacenaje de las boletas de pago, entre otros. Medidas que en el discurso del gobierno apuntan a simplificar los trámites administrativos y a desburocratizar la regulación del trabajo.

Estas medidas han generado apoyos y cuestionamientos. Entre los que celebran su aprobación, El Comercio considera que el gobierno “aprobó una docena de normas cuya finalidad principal ha sido la simplificación administrativa, que no es otra cosa que la simplificación de la vida a las personas y empresas”. Y saluda especialmente la eliminación “del redundante registro físico de algunos contratos laborales ante el Ministerio de Trabajo cuando dicha información ya era accesible a través de las planillas electrónicas”.

Desde una perspectiva crítica, Arturo Rodríguez y Mario Huamán plantean un conjunto de observaciones, al considerar que erosionan la capacidad regulatoria del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas laborales.