Una cuestión ética: el Estado antilaboral y antisindical*

La Coordinadora Nacional de Trabajadores del Sector Público (CONTRASEP) es una organización que se conformó en febrero de 2020, con la principal vocación de contrarrestar los actos de abuso del Estado peruano contra los derechos de sus trabajadores. Pero esta no es la única organización creada en los últimos tiempos con ese fin; existen otros frentes y movimientos integrados por sindicatos y federaciones de trabajadores del Estado que han surgido bajo la misma consigna. Y es que, en materia laboral, parece que el Estado ha logrado superar al sector privado en inequidades, despidos arbitrarios, prácticas antisindicales y otros más.

Esta problemática no es de poca importancia. De acuerdo a las normas constitucionales, es un deber primordial del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. No obstante, las autoridades políticas suelen pasar por alto las condiciones de las personas que trabajan en la Administración Pública, y a pesar de ello insisten frente a la población con un discurso que vende la promesa de un Estado fuerte, eficiente y eficaz. Pero el razonamiento es simple: ningún Estado se puede comprometer seriamente con el respeto de los derechos de la ciudadanía, si vulnera los derechos en casa. Así que, no nos dejemos engañar.

¿Realmente creemos que el Estado puede tomarse en serio el fortalecimiento de la fiscalización laboral, cuando en las entidades públicas todos los días se desnaturalizan las relaciones de trabajo debido a la diversidad de regímenes laborales o a la contratación indebida de servicios de terceros para hacer labores permanentes? ¿Nos creemos que el Estado promueve la sindicalización y garantiza la libertad sindical en las empresas privadas, cuando en las entidades públicas se cometen despidos anti sindicales disfrazados de una no renovación contractual o se someten a los dirigentes sindicales a procedimientos administrativos disciplinarios abusivos? ¿Vamos a creer que el Estado fomenta la negociación colectiva en el sector privado, cuando dicta normas para impedir que sus propios trabajadores puedan ejercer este derecho? Siempre trato de llamar la atención sobre los problemas en el empleo público, pues son parte de las reformas pendientes en materia de política laboral; pero, desde mi modesta opinión, todavía estamos algo lejos de diagnósticos acertados.

Nadie puede negar que es necesario ordenar la contratación de trabajadores en la Administración Pública sobre la base de criterios meritocráticos, así como es necesaria una adecuada regulación de la carrera administrativa. Ambos objetivos permitirán mejorar los niveles de eficiencia y calidad en la prestación de servicios a la población. Pero no se puede hacer esto intentando, a su vez, reducir o restringir los derechos de los trabajadores. Los graves problemas que aquejan desde hace décadas al Estado, no están referidos propiamente al reconocimiento de derechos laborales o a la falta de recursos presupuestales. Si ese fuese el caso, los peruanos y las peruanas no perderían miles de millones de soles por actos de corrupción en el ámbito estatal, como ha reportado la propia Contraloría General de la República[1].

Veamos. Actualmente en el Estado peruano existen más de 1 millón 600 mil trabajadores, es decir, el empleo público representa el 9% de la PEA ocupada nacional, con la siguiente distribución de trabajadores por régimen de contratación:

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

Régimen de contratación Número de trabajadores % del total
Carreras especiales* 707,400 43.4%
CAS 356,817 21.9%
276 246,890 15.2%
728 172,989 10.6%
Locadores 143,309 8.8%
Servicio civil 868 0.1%
Total 1,628,273 100.0%

*Carreras especiales: profesores de educación básica, profesionales y asistenciales de la salud, fuerzas armadas y policiales, diplomáticos, docentes universitarios, magistrados, fiscales y servidores penitenciarios.
Fuente: Planilla electrónica – Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Octubre 2020.

Un dato adicional es que los trabajadores temporales en el Estado -que son principalmente los del régimen CAS y que superan en número a los regímenes de los Decretos Legislativos 728 y 276-, en la práctica se ven obstaculizados de ejercer sus derechos colectivos como la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga por la propia naturaleza de sus contratos. Por ello, actualmente la tasa de sindicalización en el Sector Público es bastante baja (15%), y si bien es cierto poco a poco se está tratando de recuperar algo de la institucionalidad y fuerza que gozaban los sindicatos en el país antes de que fuesen desarticulados como producto de las políticas neoliberales de los años 1990, la tarea sigue siendo bastante compleja ya que el sistema administrativo peruano, tal como ha venido funcionando, es favorable a los círculos de abuso, explotación y corrupción que tienen capturado el aparato estatal. Así que, las cosas no van a cambiar tan fácilmente.

Un claro ejemplo de lo señalado es la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) -una entidad que fue creada en el año 2008 y que se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros- que constantemente nos habla de meritocracia cuando todos sus presidentes ejecutivos han sido elegidos sin ningún proceso meritocrático. Quienes trabajamos en el ámbito estatal sabemos bien que esa es una práctica común para los cargos de dirección; es decir, las personas que ingresan a dirigir las instituciones y deciden el rumbo de las políticas públicas en nuestro país, no son sometidos a procesos de elección que garanticen que estas sean las más idóneas para ocupar dichos cargos, salvo el haber superado los particulares y poco transparentes “criterios de evaluación” de quienes los han elegido. Ese desorden es peligroso porque mantiene funcionarios serviles a los intereses de quienes han permitido que estos ocupen tales puestos, bloqueando el ingreso de funcionarios con mejores perfiles y que sí se deben al bien común. Es así como se configura, desde los gobiernos de turno, un Estado antilaboral y antisindical como el que ahora tenemos.

En ese contexto de constantes abusos laborales contra los trabajadores del Sector Público, lo cual -reitero- repercute negativamente en la calidad de los servicios a la ciudadanía, el 23 de enero de este año la CONTRASEP remitió al actual Presidente de la República, Francisco Sagasti, una carta solicitándole evaluar diversas reformas en materia de empleo público, relacionadas con los siguientes problemas:

  • La diversidad de regímenes de contratación (728, 276, CAS, locadores de servicios, etc.) que no se justifican en criterios objetivos, sino discriminatorios, lo cual genera mayor precariedad laboral y corrupción;
  • La elevada contratación de personal de confianza exento de procesos meritocráticos, para ocupar cargos de dirección, a pesar de que muchas veces no se cumple con el perfil requerido, lo cual abre la puerta a la inestabilidad de las políticas públicas, al pago de favores políticos partidarios y a la corrupción;
  • La informalidad laboral debido a la contratación indebida de locadores de servicios, cada vez en mayor número, para realizar labores permanentes;
  • El gran desfase salarial que existe en las entidades públicas, generando inequidades entre trabajadores de un mismo centro de trabajo o que se encuentran en un mismo régimen laboral.

Seguramente para muchos resultará poco realista pedirle encarar estas cuestiones a alguien que está próximo a dejar el gobierno del país, y que debería enfocarse en afrontar la crisis sanitaria que estamos viviendo. No obstante, hay que recordar que dicha crisis también ha agudizado las fragilidades institucionales en materia de protección laboral, por lo que no hablamos de temas ajenos a las actuales necesidades de la población.

El desorden y la amplia discrecionalidad que tienen las entidades públicas para exigir meritocracia con ciertos trabajadores, y al mismo tiempo colocar excesivo personal de confianza en cargos directivos (los que en su mayoría solo cumplen requisitos de afinidad política y desconocen el funcionamiento propio de cada institución), mantiene la puerta abierta a la corrupción y a la ineficiencia en la gestión pública. El resultado es más que notorio.

Si queremos un Estado protector de los derechos humanos -y esto incluye a los derechos laborales-, debemos estar dispuestos a exigirle a este que empiece ordenando su casa, con justicia, meritocracia y transparencia. Solo así estaremos dando un paso importante en la gestión honesta de los recursos humanos en la Administración Pública, y disparando contra un sistema corrupto que le es favorable a quienes desean seguir manejando el Estado a su antojo.

Con todo, algunas batallas se han ganado. La derogación de los Decretos de Urgencia Nº 014-2020 y Nº 016-2020, que vulneraban los derechos a la negociación colectiva y a la estabilidad laboral de los trabajadores en el Sector Público, así como la derogación por insistencia del Régimen CAS, al margen de la discusión de si estas fueron las mejores salidas a los problemas de fondo, posicionan una cuestión ética: si es correcto que el Estado sea un mal empleador, y esta cuestión principista es un punto importante que -de inicio- nos da buenos argumentos a favor de las reformas antes señaladas.

Finalmente, la existencia de mayores movimientos y organizaciones sindicales a raíz de los abusos sistemáticos del Estado contra sus trabajadores, empuja al resto de actores laborales a una mayor presencia y activismo social, fortaleciendo con esto la democracia participativa y sustantiva. Ciertamente, se requiere una renovación del discurso y de la dirigencia sindical tradicional, y en esa tarea algo se viene avanzando. Pero hay que seguir apostando por un diálogo plural, integrador y solidario entre dichas organizaciones, porque las luchas más difíciles estarán afuera, en el ámbito político, y hacerle frente requerirá mayor preparación y nuevas estrategias de acción.

*Lily Ku Yanasupo
Abogada constitucionalista y dirigente sindical

[1] http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/prensa/notas_de_prensa/2020/lima/np_628-2020-cg-gcoc

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