Autor: Enrique Fernández-Maldonado (en Diario Uno, 31 de julio 2016)
El primer discurso presidencial de PPK ha sido calificado de sobrio, previsible e incluso, para algunos, esperanzador. En cuarenta y cinco minutos retomó algunas de sus ofertas electorales; planteó metas de cara al Bicentenario y conminó públicamente a su gabinete a cumplirlas. En suma, lo más cercano a un estadista en el gobierno.
En materia laboral destacó el objetivo de incrementar la formalidad al 60% de la población económicamente activa (PEA). Una meta ambiciosa, considerando el punto de partida (7 de cada 10 peruanos trabajan sin derechos ni seguridad social). En su discurso, Kuczynski adelantó que implementará medidas tributarias y administrativas (orientadas a las micro y pequeñas empresas) como incentivo para transitar el camino a la legalidad.
Sin embargo, sería su primer ministro –Fernando Zavala– quien profundizaría en el planteamiento de PPK. En La Hora N (28/07/16) torearía a un insidioso Jaime de Althaus, que casi le exigía profundizar la flexibilización laboral. Por el contrario, Zavala identificó a la productividad como principal factor explicativo de las tasas altas de informalidad empresarial.
Para el primer ministro, serían la falta de información y un sistema tributario engorroso los principales obstáculos a encarar. Como solución planteó la implementación de un régimen simplificado denominado 10×10 (10% de impuesto a la renta, por 10 años, para las empresas que tributen menos de 10 millones de soles anuales). A lo que sumaría la articulación de empresas de diverso calado. El resto de medidas (seguro de desempleo, etc.) las expondría en detalle en su presentación ante el Congreso. No hizo referencias a cambios en la legislación laboral.
¿Son estas medidas suficientes? Julio Gamero –siguiendo las tesis de Mario Tello– plantea que la informalidad laboral no es una decisión voluntaria, sino una salida ante la falta de oportunidades en la economía formal (Perú Hoy, Desco, 2016. Pp. 285-303). El problema estaría en los bajos niveles de productividad y la incapacidad para generar excedentes de un sector mayoritario de unidades productivas. El déficit institucional radicaría en la prácticamente nula regulación y fiscalización gubernamental, así como la ausencia de políticas sectoriales.
Con todo, el sustrato ideológico del gobierno justifica las preocupaciones que algunos sectores han manifestado públicamente. La congresista del FA, Indira Huilca, opinó que “PPK habló de formalización, pero no mencionó si lo conseguirá respetando derechos laborales” (LR, 29/07/16). Es probable, sin embargo, que el nuevo gobierno se cuide de adentrarse en terrenos sensibles para una ciudadanía que ha demostrado capacidad de movilización y resistencia. Estaremos atentos.
